Caracterizada por un creciente apetito de los inversores institucionales por participar en la financiación de la economía real, la deuda en infraestructuras ofrece una solución atractiva de diversificación. Las características del mercado, un entorno normativo favorable y unos sólidos rendimientos combinados con un riesgo controlado la hacen aún más llamativa.

Históricamente, la financiación de infraestructuras en Europa ha sido proporcionada principalmente por los bancos. La crisis de 2008, el endurecimiento de los criterios para la concesión de créditos y la aplicación de las normas de Basilea III han llevado a los actores industriales y financieros a explorar otras formas de financiación y a recurrir a nuevos tipos de inversores en la búsqueda de activos seguros.

Las oportunidades de inversión son ilimitadas a nivel global. Desde 2010, se han invertido aproximadamente unos 300.000 millones de euros anuales en créditos de infraestructuras en todo el mundo, de los cuales alrededor del 70% se han financiado mediante deuda. En las próximas décadas, no se esperan cambios en esta tendencia. La necesidad de desarrollar nuevos tipos de infraestructuras ("greenfield") o renovar las más antiguas ("brownfield") para satisfacer las enormes necesidades de transporte, energía, telecomunicaciones, servicios públicos, infraestructuras sociales (educación y sanidad) o escuelas y hospitales, genera un importante universo de posibilidades para la inversión, apoyado por iniciativas nacionales o europeas como la Transición Energética Europea, la Red Transeuropea-T, o diversos proyectos digitales.

Cambios regulatorios

La deuda en infraestructuras se beneficia de un importante apoyo político y de unos incentivos regulatorios, lo que ofrece un horizonte claro para esta clase de activos. Las autoridades reguladoras están siguiendo un camino favorable, especialmente en el contexto de Solvencia II para fomentar la inversión de las aseguradoras en infraestructuras.

Estos cambios regulatorios se enmarcan dentro del objetivo político de la Comisión Europea, a través de su Plan de Inversiones para Europa, conocido como "Plan Juncker", anunciado en 2014, implementado a partir del año siguiente y ampliado hasta 2020. Su objetivo es fomentar la inversión en infraestructuras en los distintos países de la Unión Europea, por valor de 500.000 millones de euros.

Los proyectos de infraestructura, que son verdaderos motores del crecimiento, tienen un impacto significativo en el medio ambiente, en particular a través del diseño (y la renovación, para los más antiguos), de infraestructuras que crean empleo y contribuyen a la reducción de las emisiones de CO2. La mayoría de los activos de infraestructuras, anclados en la economía real, proporcionan servicios esenciales en los mercados en los que operan.

Para dar más sentido y asesorar las inversiones realizadas, nuestro equipo de 12 expertos profesionales selecciona proyectos concretos, útiles e innovadores, como parques eólicos, centrales solares, de biomasa, de energía geotérmica, edificios sociales energéticamente eficientes y transportes limpios. La cuarta generación de fondos de la plataforma BRIDGE se centra en la transición energética y medioambiental, que es acogida con satisfacción por los clientes y está alineada con el compromiso del Grupo con el desarrollo sostenible. Esto sigue permitiendo financiar todos los sectores del universo de las infraestructuras, centrándose al mismo tiempo en los objetivos de reducción de la huella de carbono.

En un contexto de tipos de interés persistentemente bajos y de desintermediación bancaria que conduce a la aparición de nuevos actores, las inversiones en deuda en infraestructuras ofrecen una buena visibilidad con rendimientos atractivos, gracias a una prima de iliquidez a cambio de una menor liquidez. Como monopolios naturales debido a las altas barreras de entrada, se benefician de fundamentales considerados sólidos, dada la calidad crediticia de los activos, la baja volatilidad y la estabilidad de los flujos de caja a largo plazo.

Esta clase de activos es una alternativa diseñada para mejorar el rendimiento ajustado al riesgo de una cartera diversificada, ya que permite a los inversores posicionarse durante un período de tiempo más largo con flujos de caja predecibles y contractualizados y protegerse de reacciones repentinas relacionadas con acontecimientos del mercado, a los que los activos cotizados son más sensibles.