El pasado 29 de septiembre se publicó en el BOE la conocida por Ley Crea y Crece que establece la obligación para todos los empresarios y profesionales de expedir, remitir y recibir facturas electrónicas en todas sus relaciones comerciales. La ley, ya en vigor, establece unos plazos de implantación en función de la facturación, pero no deja resquicio que permita evitarla a ninguna empresa o autónomo.

La facturación electrónica no es ninguna novedad en el entorno europeo y mundial pero sí representa un gran paso hacia la mayor eficiencia en las transacciones comerciales. No es menos cierto que también supone para las administraciones tributarias una herramienta fundamental en el control y la lucha contra el fraude.

Desde el punto de vista de las empresas, el ahorro de costes sea en papel, personal o tiempo, así como la ganancia en seguridad y en control interno son innegables y sin duda suponen una ventaja competitiva notable que aconsejaría no esperar a agotar el plazo de la obligación legal e iniciar desde ya mismo su implantación.

Porque el siguiente paso en esta senda de automatización y control está viniendo de la mano del cuestionamiento del propio dinero en efectivo. La pandemia nos acostumbró a carteles de “Pagos mejor con tarjeta” que buscaban evitar el contacto físico y la transmisión del virus, pero el verdadero cambio no tiene tanto que ver con la salud y sí con la agilización y el control de cualquier tipo de transacción, por pequeña que sea. 

Aunque el dinero en efectivo aún mantiene en general una presencia indiscutible, su regresión es visible en las economías más avanzadas. En Europa hay grandes diferencias en su uso. Mientras en Grecia el 95,4 % de las facturas se abona en efectivo, en España las cifras hablan de un 27%, pero en Dinamarca, que fue pionera en establecer la factura electrónica obligatoria en 2005, tan solo un 2,1 % de la población usa ya efectivo para el pago de facturas. Estamos, por tanto, ante un fenómeno que se va a ir extendiendo de forma imparable y con rapidez. 

Para nadie es un secreto que, además, los Estados cuentan con el incentivo de que la desaparición de efectivo dificulta la posibilidad de fraude. En ese sentido en España la Ley 11/2021 de prevención del fraude fiscal disminuyó el límite general de pagos en efectivo de 2.500 a 1.000 euros para todas las transacciones en las que intervenga un empresario o profesional. 

Tickets electrónicos

El siguiente paso en la automatización de las transacciones comerciales son las compras de particulares y los tickets de caja, a los que queda poco tiempo para que se sigan manteniendo en papel. El Gobierno estudia medidas para que cada compra, incluso el café y el pincho del desayuno, queden reflejados en el sistema tributario.

Hay territorios como el País Vasco (que cuenta con haciendas propias) en los que se está poniendo en marcha el llamado TicketBai (ticket sí, en euskera) como nuevo modelo de declaración de facturas por el que todas las ventas se comunican automáticamente a Hacienda e incluyen un código identificativo que permite al consumidor comprobar que la factura ha sido efectiva y correctamente emitida.

El Gobierno de España se prepara también para la implantación de estos sistemas en el conjunto del país con tres objetivos. El primero, conseguir que todas las operaciones que se realicen se graben en el sistema informático de manera segura. En segundo lugar, incentivar al consumidor final para que solicite los comprobantes de sus operaciones y, por último, garantizar la integridad, la autenticidad y la trazabilidad de los datos registrados mediante el empleo de códigos QR.

En definitiva, la automatización de todas las transacciones comerciales, desde las más grandes a la más modestas es una marea imparable que va a transformar el modelo de relaciones económicas entre las personas y las empresas volcándose en sistemas mucho más eficientes, más seguros y más transparentes. Las soluciones de facturación electrónica con proveedores, clientes y con la propia Hacienda, así como los portales de proveedores que integran los datos económicos en el conjunto de toda la relación con la empresa están accesibles y garantizan, además de la rápida adaptación al cambio, un avance decisivo en la gestión empresarial y unos ahorros de costes muy considerables.