Perturbaciones, transición, transformación, cambios estructurales: no cabe duda de que vivimos «tiempos interesantes». Los europeos se enfrentan simultáneamente a varias megatendencias: el cambio climático y la necesidad de descarbonizar nuestras economías; la digitalización y la necesidad de replantearse la organización del trabajo; la desglobalización y la necesidad de seguir siendo económicamente relevantes.

En el sector industrial la competencia es cada vez más feroz y más global. Los europeos llevan mucho tiempo acostumbrados a elaborar normas de alcance mundial, estar a la vanguardia de los avances tecnológicos y beneficiarse de un nivel creciente de bienestar social y económico. Sin embargo, todas estas «certezas» se están viendo amenazadas. Europa corre el riesgo de convertirse en simple comparsa de un nuevo orden mundial dominado por China y Estados Unidos.

«¿Y qué?», se preguntarán algunos. Bien, veamos la razón por la que esto importa, y mucho: Europa carece de recursos naturales y durante siglos ha basado su prosperidad económica y su bienestar social en el comercio internacional y en el acceso y uso de los recursos, desde la plata hasta las especias, desde el petróleo hasta el gas. A menudo ha dominado a sus socios comerciales y ha configurado las reglas y normas comerciales en su beneficio. Ha podido hacerlo porque tenía poder de mercado, era competitiva e innovadora.

Pero ahora la situación está cambiando. Aunque la UE trabaja para culminar su mercado único, siguen existiendo muchos obstáculos internos e intereses nacionales que dificultan el proceso. Y mientras los Estados miembros se pelean por los detalles normativos, el poder de mercado global de la UE disminuye, especialmente en relación con Asia. Se prevé que no menos del 85 % del crecimiento económico de aquí a 2030 se producirá fuera de la UE. Es decir, en mercados ajenos y de acuerdo con reglas y normas conformadas por otros, y en lugares en los que los valores europeos —desde la protección social hasta los derechos de los trabajadores, el diálogo social y las normas laborales y medioambientales— no desempeñan ningún papel. Esto significa también que el acceso a los tan necesarios recursos es cada vez más difícil para las empresas y los empresarios europeos. No solo porque la demanda mundial y, por lo tanto, la competencia por estos recursos se están incrementando, sino también porque el proteccionismo y las acciones de coerción o represalia contra los países, las empresas y las economías van en aumento. Todos estos acontecimientos afectan al acceso a los recursos, como las tierras raras y otras materias primas que nuestra industria manufacturera necesita para funcionar y proporcionar empleos de alta calidad.

Reclamar una «autonomía» estratégica no va a resolver este problema. Hacerse proteccionistas y aspirar a la autosuficiencia económica es un callejón sin salida. Europa no puede ser autónoma por su falta de recursos. Tiene que seguir luchando por un sistema comercial internacional que funcione,

pero necesita una estrategia sobre la manera de afrontar esta situación. Europa tiene que reducir sus dependencias unilaterales siempre que sea posible, cambiar los patrones de consumo y producción asociados a un uso intensivo de recursos, aumentar su capacidad de procesamiento e invertir y desarrollar instalaciones de producción en sectores orientados hacia el futuro, especialmente en el caso de bienes de alto valor donde resulta esencial mantener el potencial tecnológico e innovador de la UE.

Por ello, la sostenibilidad y la neutralidad climática se están convirtiendo, con razón, en los principios rectores de nuestras actividades económicas. Un factor importante que influye en la competitividad de Europa es la energía: la forma en que se produce y su coste. La reciente subida de los precios de la energía encabeza la agenda y está provocando quebraderos de cabeza a los hogares, a la industria y a los políticos. También tiene un historial de repercusiones geopolíticas preocupantes. Europa sigue dependiendo en gran medida de productores externos para su abastecimiento energético. Cambiar esta situación afectará positivamente a nuestras economías en varios niveles: la inversión en más energías renovables y en un suministro energético descentralizado impulsará a los fabricantes europeos, reducirá las emisiones de CO2, disminuirá la dependencia de los combustibles fósiles de precio volátil y a largo plazo hará que los precios de la energía bajen. Es, por lo tanto, una prioridad política para Europa.

Pero, al mismo tiempo, la UE no es un bloque monolítico, por lo que la capacidad para adaptarse a estas nuevas necesidades y afrontar los factores perturbadores varía considerablemente de una región a otra y de un Estado miembro a otro. La transición requiere inversiones en investigación e innovación, en infraestructuras, en captación de empresas, en un entorno de producción y fabricación propicio para las empresas y en nuevas tecnologías y materiales. Pero también en medidas de apoyo para los trabajadores y empleados de los sectores afectados por el cambio estructural, en educación y en readaptación y perfeccionamiento profesionales.

No todos los Estados miembros están igualmente equipados para hacer frente a estas necesidades. Además, la pandemia ha agravado las desigualdades entre los Estados miembros y los gobiernos tienen listas de tareas pendientes o de prioridades muy diferentes. Pero estas diferencias no deben nublar la visión de los líderes políticos: el cambio climático no esperará hasta las próximas elecciones, hay fondos disponibles para las inversiones digitales y ecológicas, y la mejora de las capacidades y la buena gobernanza de las administraciones públicas no es cosa de brujería sino una cuestión de voluntad política. Los ciudadanos son conscientes de los cambios estructurales en curso. Conseguir que apoyen la acción política necesaria para afrontarlos hará preciso lanzar amplias iniciativas de consulta y comunicación, especialmente con los interlocutores sociales y los representantes de la sociedad civil.