Si algo ha quedado patente en estos tiempos en los que resulta difícil encontrar certezas es que las telecomunicaciones y sus infraestructuras van a jugar un papel esencial en la recuperación y transformación de unas economías que requieren, no sólo impulso monetario, sino también sostenible en lo que los economistas llaman la “Cuarta Revolución Industrial”. 

Revolución o evolución, utilicen el término que consideren, lo cierto es que tras revelarse como elemento dinamizador en la era del confinamiento, el crecimiento de los datos de alta velocidad será una tendencia ininterrumpida y global a lo largo de los próximos años independientemente de pandemias y/o recesiones... 

El súbito aumento en el uso de las telecomunicaciones ha marcado una nueva prioridad para las economías: acelerar el despliegue de las infraestructuras al servicio de las nuevas tecnologías y sus aplicaciones socioeconómicas.

El avance del 5G y sus múltiples aplicaciones supondrá un nuevo paradigma para las sociedades y las industrias, mejorando procesos, rentabilidades, costes y productos pero, además, ayudará decisivamente a la sostenibilidad y a la reducción de las emisiones de CO2.

Además de abrir nuevos horizontes a innovaciones decisivas en sectores tan decisivos como la agricultura, el transporte o las manufacturas, la nueva digitalización debería contribuir también al desarrollo de las economías rurales y al estado del bienestar.

Más allá de la resiliencia que la digitalización ha aportado a las actividades empresariales y laborales, estos son también tiempos revolucionarios para la medicina o la educación. Desgraciadamente, en sectores tan vertebrales se han desvelado desigualdades que obligan a plantear un despliegue tecnológico con criterios no exclusivamente económicos. 

Con un valor de mercado estimado en 350.000 millones de dólares (294.000 millones de euros) en la actualidad, el conjunto de soluciones digitales emergentes que van a marcar la vida cotidiana en el mundo post-Covid-19, podría alcanzar un valor de más de 3 billones de dólares (2,5 billones de euros) en 2025, según el Informe sobre Tecnología e Innovación 2021 de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, por sus siglas en inglés) que examina la cuestión crucial del cambio tecnológico y la desigualdad.

Romper la “brecha digital” es ahora más que nunca una obligación a la que debemos hacer frente conjuntamente las empresas y los gobiernos. En el marco del extraordinario Plan Europeo de Recuperación, la Unión Europea tiene previsto aportar a España 140.000 millones de euros en los próximos seis años. Un tercio de estos fondos se destinarán a proyectos que aceleren la transformación de todos los sectores e impulsen la economía digital. 

Conscientes de esta brecha, las autoridades europeas también han dotado con un presupuesto de 33.700 millones de euros entre 2021 y 2027 al Mecanismo Conectar Europa (CEF por sus siglas en inglés). De esta cantidad, 2.000 millones se aplicarán en infraestructuras básicas para impulsar las redes 5G. 

Debemos aprovechar esta oportunidad única e implantar definitivamente la colaboración público-privada, con la sociedad como eje central para construir un mundo más conectado, inclusivo, empático y resistente. Más capaz, en definitiva, de identificar y encarar riesgos imprevistos.