El Grupo de Empresarios del Comité Económico y Social Europeo (CESE) ha adoptado una postura clara contra toda acción vinculante de la UE en materia de salarios mínimos. Como empleadores, albergamos dudas fundamentales sobre la necesidad, la viabilidad, el valor añadido y la base jurídica de cualquier tipo de acción de la UE. En su discurso sobre el estado de la Unión, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se comprometió a proponer un instrumento jurídico para apoyar a los Estados miembros en la creación de un marco para los salarios mínimos. Aunque no está aún claro qué va a proponer la Comisión, es importante que las distintas inquietudes que los empresarios asocian con esta iniciativa se debatan también en los Estados miembros.

Durante los debates organizados por el CESE, diversas partes interesadas —y, en especial, las empresas y las organizaciones empresariales— han expresado su firme oposición a cualquier modalidad de instrumento jurídicamente vinculante, tanto por el hecho de que la UE carece de competencias en este ámbito como, lo que es aún más importante, por los efectos perjudiciales que dicha iniciativa tendría en los sistemas nacionales de negociación colectiva.

El CESE ha contribuido al debate con la publicación de su Dictamen sobre «Salarios mínimos dignos en toda Europa», que refleja en sí los distintos puntos de vista que existen, también en el ámbito nacional, sobre si la UE puede o debe adoptar medidas acerca de los salarios mínimos. Uno de los principales puntos de controversia expresados por el CESE en dicho Dictamen gira en torno a la posible legitimidad de cualquier iniciativa jurídica de la UE. Los empresarios europeos creen firmemente que los Tratados de la UE excluyen cualquier tipo de competencia de la UE por lo que respecta a la fijación de salarios.

Para el Grupo de Empresarios está claro que la UE carece de competencias en materia de salarios y, en particular, niveles salariales. Establecer salarios mínimos es un asunto que compete al ámbito nacional y que se hace con arreglo a las características específicas de los respectivos sistemas nacionales. Del mismo modo, la UE no tiene competencias para intervenir en los sistemas nacionales de negociación colectiva: la elaboración de los sistemas nacionales es una cuestión que incumbe a los Estados miembros, no a la UE. Los empresarios están firmemente convencidos de que el aprendizaje mutuo y el Semestre Europeo pueden servir para encontrar soluciones que aborden las realidades específicas de cada país, teniendo al mismo tiempo presente la diversidad de las circunstancias nacionales y los sistemas de relaciones laborales.

La pandemia de COVID-19 ha afectado duramente a Europa. En comparación con 2019, en el segundo trimestre de 2020 el PIB cayó un 14,7 % en la zona del euro. Nos enfrentamos a una recesión económica de proporciones históricas, con consecuencias dramáticas tanto para las personas como para las empresas. Creo firmemente que aún no hemos visto el impacto total de una crisis que afectará a los mercados de capitales y de trabajo. Por ello es aún más importante que la cuestión de los salarios mínimos se aborde teniendo plenamente en cuenta las consecuencias económicas de cualquier acción. Los empresarios de toda Europa están luchando por sobrevivir, así que resulta crucial que, en este momento concreto, evitemos cualquier acción equivocada por parte de la UE.

No hay que olvidar que los salarios —incluidos los salarios mínimos— son, ante todo, una compensación por el trabajo realizado. No pueden considerarse la panacea que solucionará la pobreza, que desgraciadamente está creciendo de manera particular en estos tiempos de crisis. Hay que ver los salarios mínimos a la luz de las realidades económicas que estamos viviendo, así como de los paquetes sociales que ofrece cada Estado miembro. Por consiguiente, el debate sobre este tema no puede versar únicamente sobre la equidad o la idoneidad de los salarios mínimos. También debería consistir en la salvaguarda de la sostenibilidad y la viabilidad económica de las empresas que proporcionan empleo. Si las empresas se vuelven inviables, se perderán inevitablemente puestos de trabajo.

A pesar de las grandes diferencias de pareceres en el seno del CESE sobre diversas cuestiones, hay también temas importantes que ponen de acuerdo a los tres grupos del CESE, en representación de empresarios, sindicatos y ONG, como, por ejemplo, la necesidad de respetar las distintas características de los sistemas nacionales de diálogo social y negociación colectiva, así como la autonomía de los interlocutores sociales. Existe también un consenso sobre la importancia de involucrar a los interlocutores sociales en los sistemas de fijación del salario mínimo legal.

El Grupo de Empresarios muestra su inquietud por la posibilidad de que una actuación incorrecta de la UE en materia de salarios mínimos acabara debilitando el papel y la autonomía de los interlocutores sociales, y perjudicando al diálogo social y los sistemas de negociación colectiva que ya funcionan bien en distintos Estados Miembros. No es posible trasplantar un sistema de un país a otro. Sin embargo, hay margen para debatir cómo garantizar que los sistemas nacionales cosechen los mejores resultados, tanto para el empresario como para el trabajador. En aquellos casos en que los interlocutores sociales necesiten apoyo, deberíamos estudiar la posibilidad de atender a las necesidades específicas promoviendo el intercambio de buenas prácticas y el desarrollo de capacidades.

Lo que hemos de evitar a toda costa es caer en la trampa de adoptar un enfoque único para todos que desencadene graves consecuencias negativas de las que luego será difícil librarse.

Esto es algo que no podemos permitirnos, sobre todo en una coyuntura especialmente delicada como la que vivimos.