Después de tomar declaración a la mayoría de imputados en el caso Gowex, el juez Pedraz ha emitido nuevas providencias para avanzar en la investigación. Destaca la solicitud a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para que le remita toda la documentación "sobre las subvenciones públicas, préstamos bancarios y créditos del Instuto de Crédito Oficial (ICO) y del Banco Europeo de Inversiones (BEI)" concedidos a la empresa desde su constitución.
Otro de los frentes que se va rastrear es el papel de la auditora de M&A que certificó las cuentas de la compañía como fiables en los últimos años. La firma casi una desconocida en el sector deja mucha lagunas, más después de la declaración de uno de sus representantes, José Antonio Díaz Villanueva. Pedraz ha requerido al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, la información sobre cualquier infracción cometida por la auditora y relacionada con Gowex en el periodo comprendido entre 2008 y 2013 y que se designe un funcionario para que se ocupe del análisis y estudio de todos los informes elaborados por M&A durante ese plazo.
El magistrado también quiere saber cuáles han sido las actuaciones del MAB, el gestor del mercado de pymes de la bolsa española y que está integrado en el grupo BME, desde que Gowex salió a cotizar.
El juez también ha llamado a declarar a otro supuesto testaferro. Se trata de Antonia Antúnez Gines, que sucedió al testaferro ya imputado Javier Martín Vaquero al frente de varias de ellas a partir del año 2012.
Ya van once imputados en la presunta estafa de Gowex que están acusados de falsear las cuentas de la compañía y uso de información privilegiada. El fundador de Gowex, Jenaro García, se declaró ante el juez culpable de los delitos y se responsabilizó autor único de todos ellos.
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