domingo, 18 agosto 2019
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Cómo cumplir con la ley de responsabilidad ambiental

La legislación no distingue por tamaños en materia ambiental, por lo que las pymes deben tomarse en serio el respeto a la normativa

06 de agosto de 2019. 14:10h Manuel Gutiérrez
  • Cómo cumplir con la ley de responsabilidad ambiental

Las pymes constituyen la inmensa mayoría del tejido empresarial español. Por ello, su huella ambiental es muy importante en la lucha contra el cambio climático. La legislación no distingue por tamaños en esta materia. Asimismo, exige por igual a todos el cumplir.

El compromiso de las empresas con el medio ambiente es una realidad. El debate de la generación de residuos y su vertido en los océanos, así como la emisión de gases invernadero ya se ha trasladado a todos los niveles. Tanto al político como a las calles. Es una rueda que difícilmente se puede parar. En España, la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidad Ambiental en 2007 marcó un antes y después en la lucha contra el cambio climático.

Esta normativa “exige al titular de la actividad económica o profesional que ha ocasionado el daño que asuma la totalidad de los costes de las medidas de prevención, evitación o reparaciones adoptadas”, tal y como explican desde la entidad en servicios técnicos, de seguridad y certificación TÜV Rheinland. En esto tiene una gran importancia la actuación de una parte del tejido empresarial español: las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), al constituir más del 99% del total de empresas en España.

“Sin su participación activa en la consecución de los objetivos medioambientales, los resultados obtenidos siempre serían insuficientes”, cuenta a DIRIGENTES el secretario general de CEPYME, Pedro Fernández Alén. Y añade que “por ende, el papel de las pymes resulta primordial para poder lograr un entorno saludable y asegurar el futuro para las próximas generaciones”. Fernández Alén explica que la legislación no diferencia por tamaño de empresa, sino por el posible impacto ambiental que genera la actividad que desarrolla.

Por ello, las pymes no sufren una especial presión frente a las grandes empresas por parte de las administraciones. Aun así, dado el inmenso número de compañías con menos de 250 trabajadores existentes en nuestro país, su compromiso es vital: “Todas las empresas, también las pymes, están comprometidas con la reducción de su huella ambiental, lo que les obliga a realizar nuevas inversiones tanto en I+D+i como en nuevos equipos. Muchas veces esto supone unas importantes cargas financieras, pero también debe aprovecharse esta coyuntura para tratar de mejorar su competitividad con equipos más eficientes y productivos”.

La cuestión está en que el año pasado se aprobó una modificación de la Ley de 2007 con la introducción de la Orden APM/1040/2017, que requiere que el operador disponga de recursos económicos suficientes para hacer frente a la responsabilidad medioambiental derivada de su actividad.

De lo contrario, las multas comprenderán “entre los 10.001 y los dos millones de euros, pudiendo -en el caso de infracciones muy graves- llegar a perder las autorizaciones para operar”, cuentan desde TÜV Rheinland. La directiva europea no exige la constitución de garantías financieras obligatorias, sino que depende del criterio de cada estado miembro. En este caso, España fue uno de los ocho países comunitarios que incluyó la citada garantía a su normativa. Con esto, la ley incluye todos los daños y amenazas inminentes de daños a las aguas, a la ribera del mar y de las rías, al suelo y a las especies de flora y fauna silvestres, así como a las hábitats. A su vez, quedan excluido cualquier perjuicio al aire y los denominados daños ‘tradicionales’, es decir, a las personas y sus bienes.

CÓMO EVITAR LAS SANCIONES

Tanto las compañías privadas como públicas deben llevar a cabo un análisis de riesgos medioambientales y garantizarlo a través de un verificador acreditado. Para ello, se cuantificará el daño medioambiental generado en el escenario seleccionado. A continuación, se cuantificará a nivel monetario dicho daño, cuyo valor será igual al coste del proyecto de reparación primaria. En el caso de las pymes, las exigencias ambientales, al ser cada vez mayores y más complejas, obligan a “disponer de unos conocimientos técnicos no siempre al alcance de estas.

¿EXISTEN OTROS INCENTIVOS?

Además de obligar a las empresas a asumir los daños ambientales originados, existen otras formulas de incentivar al tejido empresarial para reducir su huella ambiental. Fernández Alén asegura que “dada la importancia de incrementar los gastos en I+D+i por parte de las empresas, es absolutamente necesario que se mantengan las desgravaciones fiscales para asegurar el impulso de estas políticas, y teniendo en cuenta las especiales características de las pymes”.

Asimismo, “es necesario un marco económico y legislativo que propicie un entorno favorable a la empresa, que posibilite generar recursos suficientes para afrontar estos importantes desafíos, al tiempo que se aseguren unas reglas de juego limpias que les protejan de malas prácticas y que preserven su competitividad”. En cualquier caso, el mensaje del Gobierno es claro: “Quién contamina paga”. De hecho, así lo recoge el documento referente a la Ley de Responsabilidad Ambiental.