“Los autónomos no tienen un problema de deuda a corto plazo y sí de liquidez inmediata”. Así de contundente se ha mostrado el presidente de la Asociación de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, en la presentación del Plan de Resistencia, que recoge las acciones que se deberían impulsar desde la administración central para dotar de oxígeno a este colectivo. 

El documento recoge diez propuestas de diversa índole, que “solucionarían muchos de los problemas actuales” que enfrentan los autónomos como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia. Amor tacha de “insuficiente” el plan de 11.000 millones de euros, previsto para su aprobación el próximo viernes, y advierte de que “no va a servir para frenar la destrucción de autónomos, empresas y empleos”, pues lo que necesitan son ayudas directas, ha precisado. 

En estas circunstancias, desde la organización instan a prorrogar hasta el próximo 31 de diciembre las prestaciones asociadas al cese de actividad en sus cuatro modalidades, además de poner el contador a cero para aquellos que hayan agotado el periodo contributivo de la prestación. También pide la extensión de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta finales de año, en lugar de hasta el 31 de mayo, fecha vigente en el momento actual y la ampliación “automática” de los periodos de carencia y amortización de los créditos ICO para autónomos.

En línea con la reivindicación de ayudas directas que ATA viene reclamando desde hace tiempo, el decálogo contempla la puesta en marcha antes del 1 de abril de una línea de liquidez valorada en 6.000 millones de euros para el millón de autónomos que ha visto reducida su actividad en más de un 50% desde el inicio de la crisis sanitaria. Para su ejecución, propone un sistema de transferencias directas o la compensación de cuotas a la Seguridad Social. En este sentido, abogan por facilitar moratorias y aplazamientos de cotización e impuestos de manera automática, entre otros. 

Asimismo, piden al Estado la “transposición inmediata” de la directiva europea sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneraciones de deuda e inhabilitaciones y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas. Consideran que esta debería incluir créditos públicos y quitas de los mismos. La idea pasa por realizar en el caso de la deuda pública como son los pagos a Hacienda y la Seguridad Social el mismo proceso de reestructuración que se sigue con la deuda privada. 

Por último, piden la eliminación de trabas administrativas que “impiden el acceso a ayudas, subvenciones o licitaciones públicas” a los pequeños empresarios, así como la necesidad de priorizar proyectos destinados a la capacitación y dotación de herramientas en digitalización, reestructuración, reorientación y sostenibilidad de las pymes de manera transversal en toda España.