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División entre los autónomos ante la posible reforma de su sistema de cotización

El cambio del sistema de cotización a la Seguridad Social de los autónomos lleva tiempo sobre la mesa del Gobierno y todo apunta a que no tardará en materializarse. Según ha adelantado Cadena Ser, desde el Ejecutivo quieren acabar con el actual sistema de bases y sustituirlo por uno similar al del IRPF que, de […]

Autónomos

Dirigentes Digital

06 oct 2020

El cambio del sistema de cotización a la Seguridad Social de los autónomos lleva tiempo sobre la mesa del Gobierno y todo apunta a que no tardará en materializarse. Según ha adelantado Cadena Ser, desde el Ejecutivo quieren acabar con el actual sistema de bases y sustituirlo por uno similar al del IRPF que, de llevarse a cabo, significaría que los trabajadores por cuenta propia ya no pueden elegir la base en la que cotizan, sino que se adecuaría a sus ingresos. 

Con anterioridad, las principales asociaciones que representan a este colectivo ya se han pronunciado sobre este aspecto, con la reivindicación “a ingresos cero, cotización cero”, pues esta modificación haría posible que el importe de la cuota a la Seguridad Social de un autónomo sea proporcional a su facturación o que, incluso, no tenga que abonarla cuando estos sean nulos. Sin embargo, las reacciones sobre lo publicado por el citado medio han sido muy dispares. 

En este sentido, UPTA tacha el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) -el existente en el momento actual- como un sistema “absolutamente injusto”, que promueve el hecho de pagar de más en algunos casos y en otros de menos. “Tiene la misma obligación de cotización de bases mínimas el notario de la calle Preciados (Madrid) que un quiosco de revista en una pedanía de Cuenca”, asevera el presidente de esta organización, Eduardo Abad.

Por este motivo, abogan por un sistema que establezca “tramos perfectamente definidos”. En concreto, proponen una cotización “extraordinaria y especial” para los autónomos cuyos rendimientos se encuentren por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI); para los que ingresen por encima de este rango y hasta los 30.000 euros escoger entre la base mínima y máxima, mientras que para los que superen ese umbral, el incremento de la base de cotización sería del 30% en cada salto de 10.000 euros. Es decir, evaluar los tramos en función de los ingresos individuales de cada uno y hacerlo de manera extemporánea, es decir, realizar el ajuste una vez que ya se conozcan los rendimientos anuales. 

No comparte la misma opinión ATA, desde la que defienden que la aplicación de un sistema de cotización proporcional a los ingresos en el RETA “no parece factible ni oportuno ni desde el punto de vista operativo y práctico, ni en el contexto actual”. En este sentido, esgrimen dificultades técnicas para determinar los ingresos reales y la actividad de los autónomos en tiempo real, al no “existir los medios ni los procesos” en las Administraciones Públicas para determinarlo y aplicar la proporcionalidad en la cuota de manera instantánea. “Actualmente tardan tres meses en aplicar el cambio de base que pueden solicitar cuatro veces al año”, agregan. 

Por otro lado, aseguran que la heterogeneidad de este grupo provocaría que solamente se pudiera aplicar “como mucho” a un tercio de los tres millones de autónomos existentes en España y quedarían en el aire los nuevos emprendedores, los autónomos que registren pérdidas, los autónomos societarios o los familiares colaboradores. “La tramificación podría producir efecto frontera, la deducibilidad de gastos o el traslado de ingresos en ejercicios posteriores, permitiría no pasar de tramo. Carece además de sentido que se busque la desaparición de módulos en Hacienda para implantarlo en la Seguridad Social”, añaden. 

Asimismo, alertan de los efectos de esta decisión, que puede acarrear un aumento de las cotizaciones para el 70% de los trabajadores por cuenta propia, cifra que puede ser del 90% en el ejercicio siguiente si se tienen como referencia los datos de 2019, con el consecuente aumento de la economía sumergida que incurriría en una bajada de la recaudación por parte del Estado y, con ello, en una “merma en la capacidad protectora de los autónomos”. Así, consideran que “el momento y el contexto económico y empresarial no está para subir en 2021 la cotización a ningún autónomo” y que esta corrección por disminución de ingresos no se produciría hasta 2022, fecha para la que algunos ya hayan tenido que echar el cierre. 

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