El impacto de las empresas trasciende su propia actividad y las meras cifras económicas. También influyen sobre sus empleados, las familias de estos, sus proveedores y sus clientes y, en último término, sobre toda la sociedad y el medio ambiente. Cada decisión que toman sobre la forma en que se relacionan con el medio ambiente o con otros ciudadanos puede resultar un factor diferencial en su rentabilidad y en la percepción que se tiene sobre la empresa.

Los dirigentes de pequeños y medianos negocios que lean estas líneas saben de sobra que están obligados a tener sus cuentas en orden. Cada final de año, el departamento correspondiente se esfuerza por poner negro sobre blanco cada cifra relacionada con la actividad de la empresa. Por eso, quienes conocen esa obligación pueden verse sorprendidos ante la posibilidad de tener que acumular más números y datos que, por su parte, no tienen nada que ver con el negocio, sino con la relación de la empresa con el medio ambiente y la sociedad.

Por partes. Como dice José María Campos, de CEOE, “una gran parte de la sociedad son sus empresas”. Este representante empresarial explicó hace poco en un coloquio organizado por el Consejo General de Economistas (CGE) que las grandes empresas de España ya tienen interiorizado que no pueden desconectarse del impacto que tienen sus actividades en la sociedad. De hecho, cree que la función del sector privado se ha podido ver también en la pandemia, con su colaboración constante: “Cuando el estado no llegaba, las empresas lo hacían, también las pymes”.

Así, reunir y comunicar información referente a la sostenibilidad o a su impacto social “es una oportunidad para explicar lo que hacen”, dice Campos. Para Emilio Álvarez, presidente del Registro de Economistas Auditores, “la información sobre sostenibilidad se hace cada vez más necesaria para todas las empresas, sea cual sea su tamaño”. Añade que “una pyme que genere confianza es una pyme con credibilidad, imprescindible para lanzar nuevos acuerdos”.

Eso sí, Campos recalca que “es importante que la información sea estandarizada, comparable y sencilla”. “No debe entenderse como una carga más”, comenta Campos, quien entiende que la gran empresa sí tiene mecanismos y departamentos especializados en medir este tipo de información no financiera.

Se trata de “no ponerles más obstáculos a las pymes”. Rechaza que elaborar esta información sea obligatorio, y prefiere que se haga voluntariamente. Si bien es cierto que existen ventajas considerables para empresas medianas cuya actividad sí puede beneficiarse de comunicar cierta información.

Beneficios

La empresa auditora BNFIX, en colaboración con la Universidad del País Vasco, han elaborado una guía completa del asunto. Por un lado, se proporcionan fichas sencillas que, una vez rellenas, dan una visión rápida de cómo de sostenible es la empresa. Por otro lado, se explican los beneficios que puede conseguir una pyme por completar estas fichas. Se identifican dos ventajas principales:

-Ahorro de costes: a la larga, una estrategia de sostenibilidad puede ayudar a la empresa a reducir sus gastos. Comprobar su desempeño en diferentes ámbitos puede ayudar a ir mejorando año a año.

-Mejora reputacional: con los datos en la mano, la empresa puede comunicar qué medidas lleva a cabo para transitar hacia un consumo responsable. Los stakeholders tiene cada vez más en cuenta esta actitud.

A esos beneficios se añaden otras cuestiones que tienen que ver con la gestión. El hecho de que se analicen más datos contribuye a “mejorar la gestión y control del riesgo de fraude” se explica en el informe. Por otro lado, aunque la recopilación de estos datos no es obligatoria a priori, sí que puede ser imprescindible para seguir operando. Por ejemplo, existen grandes empresas que imponen ciertos estándares a sus proveedores. Además, el sector público puede requerir indicadores no financieros para acceder a ayudas o concursos.

Esto es lo que pone en el foco Javier Molero de la red española del Pacto Mundial. “Las pymes que estén en la cadena de suministro de las grandes empresas van a tener que adoptar medidas para adaptarse a sus exigencias”, advierte. Además, las empresas adheridas al Pacto Mundial tendrán que reportar obligatoriamente sobre 53 indicadores en 2023. No obstante, insiste en que las pymes pueden hacerlo voluntariamente, a diferencia de las empresas con más de 250 empleados, que no tienen elección.

Javier Corral-Lage, investigador de la Universidad del País Vasco que ha colaborado en el informe, indica que, además de la mejora reputacional, tener en cuenta otros aspectos no financieros puede facilitar la adaptación a futuros cambios. Y llama a no perder de vista las prioridades de los clientes y a los empleados: “Lo van a exigir”, puntualiza. En ese sentido, cree que el aspecto humano es especialmente importante para las pymes, puesto que el capital intelectual de la empresa es su principal recurso. Por eso, demostrar interés por los criterios de gobernanza favorece la atracción de talento.

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