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Las 'start-ups' se posicionan en contra del veto a inversiones extranjeras

A la incertidumbre generada por la pandemia se une la necesidad de contar con autorización administrativa para realizar inversiones no comunitarias en España

23 DE abril DE 2020. 08:00H Carmen Muñoz

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La COVID-19 ha sacudido a todo el tejido empresarial. También a las start-ups. Aunque todavía es pronto para determinar el impacto que tendrá en la economía esta crisis sanitaria, las primeras previsiones que se van conociendo auguran un escenario nada favorable para los próximos meses. El estado de alarma ha puesto de relieve el grado de digitalización de este país, en todos los niveles. Una prueba de fuego que replantea los procesos productivos y que se posiciona como el impulso definitivo para converger hacia lo tecnológico.

Por su naturaleza, las start-ups aparentan ser de las menos perjudicadas en el entorno actual. Su ADN ya incorpora las nuevas tecnologías, el trabajo en remoto y una visión global del modelo de negocio con la disrupción por bandera. Una terna de factores que, aparentemente, conforman el cóctel perfecto para sobrevivir e, incluso, salir reforzado en tiempos de pandemia.

Una encuesta realizada por Wayra, el hub de innovación de Telefónica, arroja que, aunque es innegable que esta situación ha afectado a las compañías emergentes, hecho que afirman un 74% de los encuestados, estos se muestran optimistas de cara al futuro. La implantación de canales de atención digital, la aceleración de los pagos electrónicos o la necesidad de productos enfocados a mejorar la eficacia del uso de la nube ofrecen todo un abanico de oportunidades en mercados como el ehealth, edtech y fintech. Precisamente de los sectores más favorecidos por el confinamiento en los hogares.

El sondeo tuvo lugar entre el 1 y 3 de abril y en él han participado más de 200 start-ups de Alemania, Brasil, Colombia, Chile, Perú, México, España y Reino Unido. De ellos, apenas dos de cada diez confiesa que no será capaz de sobrevivir en caso de que la situación se prolongue por un periodo superior a los tres meses. Sin embargo, una gran mayoría prevé caídas de ingresos de hasta el 50%, además de una mayor dificultad para financiarse.

A este respecto, los mayores riesgos se detectan en aquellas compañías que se encontraban en búsqueda activa de inversión cuando el virus comenzó a propagarse por todo el mundo. Algo que ahora parecen tenerlo más complicado las start-ups españolas. El Real Decreto-Ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias con las que mitigar los efectos económicos y sociales derivados del coronavirus incluye un cambio que afecta directamente al funcionamiento del libre mercado. En concreto, recoge una modificación sobre la Ley 19/2003 relativa a los movimientos de capitales y las transacciones económicas con el exterior. Y lo hace con la agregación de un nuevo artículo 7 bis.

En un principio, este nueva adición limitaba la Inversión Extranjera Directa (IED), es decir, las llevadas a cabo por inversores residentes fuera de la Asociación Europea de Libre Comercio o de la zona comunitaria. Dos semanas más tarde esta premisa también se amplió para inversores instalados en esta zona que estuvieran controlados por entidades "residentes fuera de este ámbito territorial", según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE).

A partir de ese momento quedaban sometidas a autorización administrativa todas las operaciones que supongan una participación igual o superior al 10% del capital de una sociedad española o cuando como consecuencia de ella se tome el control del órgano de administración. De igual modo, el citado texto también veta las provenientes de origen público o de fondos soberanos de terceros países, alegando motivos de "seguridad, orden y salud pública" y con el fin de "evitar la amenaza de operaciones de adquisición de empresas españolas (...) aprovechando la disminución de valor".

"El reciente impacto de la crisis global desencadenada por la COVID-19 sobre los mercados bursátiles mundiales, suponen una amenaza para las empresas españolas cotizadas, pero también para las no cotizadas que están viendo mermado su valor patrimonial (...), de que se lancen operaciones de adquisición de las mismas por parte de inversores extranjeros", detalla el BOE.

Esta decisión alude a determinados sectores considerados "estratégicos", considerados como tal a los medios de comunicación; infraestructuras de energía, transporte, agua o sanidad; sectores con acceso a información sensible como, por ejemplo, a datos particulares o tecnologías "críticas y productos de doble uso" entre las que se encuentran el almacenamiento de energía cuántica y nuclear, la inteligencia artificial, la robótica o la ciberseguridad, entre otros. Entre la letra pequeña figura que las operaciones inferiores a un millón de euros están eximidas de autorización previa.

Con ello, el Gobierno anula el régimen de liberalización que imperaba en España desde hace casi dos décadas, al menos durante el tiempo que dure el estado de alarma. En este sentido, la interrupción en seco del libre mercado regirá hasta que se "determine su levantamiento" por el Consejo de Ministros. No obstante, en el cambio siguiente no se alude expresamente a ello, solo a una prórroga de la vigencia de las medidas adoptadas en esta situación excepcional. Lo que deja en el aire si será temporal o permanente.

La nueva normativa ha caído como un jarro de agua fría entre el ecosistema emprendedor. "Se entiende para las que cotizan en Bolsa, pero no para las start-ups. Pedimos que lo modifique", comentan sobre esta decisión desde la Asociación Española de Start-ups (AES). Asimismo, esta organización ha expresado su descontento con la actuación del Ejecutivo, al considerar que este "toma medidas que no les sirven o son contraproducentes". Por ello, pide usar de referencia a los países vecinos como Francia o Alemania en los que los líderes gubernamentales han desplegado un plan de liquidez de 4.000 y 2.000 millones, respectivamente, para ayudar a esta parte del tejido empresarial.

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