La catástrofe sanitaria y económica provocada por la pandemia ha repercutido de manera significativa en los autónomos, que mantienen su crispación con el Gobierno por las decisiones adoptadas desde el pasado mes de marzo. Este colectivo otorga una puntuación media de 2,9 puntos sobre diez a las iniciativas puestas en marcha por parte de las administraciones públicas para mitigar los efectos del coronavirus. Según el último barómetro elaborado por ATA, un 76,3% les ha asignado una nota inferior a cinco y únicamente un 4,1% ha puntuado al Ejecutivo por encima del 8. 

La nota más alta se registró el pasado mes de julio, tras finalizar el estado de alarma, con 3,8 puntos. Desde entonces, la valoración ha ido cayendo hasta acercarse a la registrada en el primer barómetro, cuando la calificación media fue de 2,7 puntos. 

Los trabajadores por cuenta propia han sido uno de los colectivos más afectados por las restricciones de movilidad y la falta de demanda en 2020, con una caída de la facturación conjunta que supera los 65.000 millones de euros, cifra que refleja “la complicadísima situación que están atravesando”. En base a una encuesta realizada entre el 4 y el 7 de enero a 1.981 personas, la citada organización deduce que alrededor de dos millones de autónomos registran pérdidas por encima de los 15.000 euros, con descensos que en algunos casos llegan a ser superiores al 60%. “No podemos retrasar más la prórroga del cese de actividad para los autónomos y facilitar que puedan acceder a él aquellos que no la solicitaron en marzo, porque no la necesitaban o porque estaban percibiendo otras prestaciones, como una baja por enfermedad, maternidad o paternidad”, comenta el presidente de ATA, Lorenzo Amor, quien también advierte de que “se avecina un desastre para autónomos, empresas y trabajadores si no se acompaña de medidas económicas”. 

Así, defienden la puesta en marcha de un plan de emergencia que sea capaz de “amortiguar la caída de la actividad y evitar el cierre de empresas y autónomos y, por ende, la destrucción de empleo”, ante la inminente llegada de la tercera ola de contagios por COVID-19, junto al temporal de frío y nieve que ha paralizado medio país. En el momento actual, casi 400.000 autónomos tienen sus negocios o actividades cerradas, algunos de ellos (5,5%) desde marzo. Por su parte, entre los que sí han podido abrir la persiana, un 56,6% reconoce estar a medio gas. La nota positiva es que casi un cuarto de los encuestados funciona con total normalidad. 

Frente a esta situación, cerca de 1,5 millones de trabajadores por cuenta propia en España se han acogido al cese de actividad extraordinario u ordinario en algún momento de 2020, medida que consideran “fundamental” para no tener que cerrar el negocio. Otra de las alternativas por las que han optado para conseguir sobrevivir ha sido recurrir a la financiación, tanto pública (créditos ICO) como privada a lo largo de estos meses y 400.000 personas tienen pensado solicitarla en 2021.

Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) han sido otra de las herramientas por excelencia. De hecho, casi un 40% de los autónomos con asalariados ha hecho uso de ellos o tiene en mente hacerlo. Por su parte, hay algunos que han elegido la vía del despido. De los 1,5 millones de trabajadores por cuenta propia con personas a su cargo, 200.000 han llevado a cabo algún tipo de ajuste en plantilla y otros 280.000 creen que tendrán que reducirla. A esto hay que añadir aquellos que han optado por la suspensión laboral de manera temporal y no saben si van a poder incorporar a los empleados a sus puestos de trabajo en breve. 

Al margen de estas circunstancias, los autónomos también cargan con otro problema: la morosidad tanto pública como privada, que afecta a un tercio de los entrevistados. Este cúmulo de obstáculos les aboca al pesimismo en lo que respecta a la evolución del negocio este 2021 y por ello el grueso no avista la recuperación de la economía hasta dentro de dos años, como mínimo.