Los asesores fiscales rechazan la lucha contra el fraude que hace el Gobierno

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado que se debate estos días en el Congreso contiene, más allá de las medidas más mediáticas, un buen número de preceptos que tienen una incidencia directa en el bolsillo del ciudadano. La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) analiza diferentes cuestiones que el Gobierno ha tratado de introducir “por la gatera” con motivos más políticos que técnicos.

La presidenta de AEDAF, Stella Raventós, se mostró desanimada con respecto a las posibilidades de convencer al Gobierno en algunas cuestiones: “Nuestras enmiendas tienen carácter técnico. Cuando sabemos que una medida es política y no se va a poder cambiar no gastamos la pólvora”. Raventós, además, rechazó la política del Gobierno de realizar lo que calificó como una “subida generalizada de la presión fiscal”.

En un encuentro con periodistas, Raventós critica que se mantengan o se suban diversos impuestos sobre inmuebles que, en estos momentos, tienen un valor muy inferior porque se encuentran cerrados. “Imaginemos la presión sobre inmuebles que tienen que estar cerrados. Además, el valor de los inmuebles ha bajado, especialmente los destinados al comercio”, dice la presidenta de AEDAF sobre la carga tributaria de estos negocios.

En cuanto a los procedimientos del Gobierno para luchar contra el fraude, los asesores fiscales muestran sus dudas. “Nadie está a favor del fraude”, dice Javier Gómez, vocal de la asociación, “pero para combatir el fraude hay que hacerlo desde el respeto a las normas legales”. “La lucha contra el fraude es un objetivo social totalmente loable pero siempre que sea con el derecho en la mano”, destaca.

Por otro lado, Eduardo Gracia dejó claro que la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez “no es una lucha contra el fraude”, sino que “bajo la etiqueta de lucha contar el fraude se está buscando mejorar la recaudación”.

Por otro lado, Javier Gómez quiso hacer una apreciación sobre esta lucha contra el fraude. “Una cosa es el fraude, el engaño y la estafa, y otra cosa son opciones lógicas que están en la norma y no son triquiñuelas”, aclaró Gómez, que cree injusto que se incluyan en una misma categoría las opciones que sí son legales.

No obstante, AEDAF lamenta que el Gobierno no presenta propósito de enmienda con respecto a las demandas que se le hacen. “Cuando se ve concernido de manera grave por algún reproche que se le ha hecho, lejos de reconocer su error y enmendar aquello que se ha hecho mal, se reafirma en sus pretensiones”, reflexionan.