La Unión Europea se encuentra en plena tramitación de dos normativas dirigidas a regular las criptomonedas, La volatilidad de estos activos digitales ha provocado en los últimos años un mayor apoyo a la fiscalización de esta industria. Así, el club de los 27 ha dado un importante paso en esta dirección con la aprobación del Reglamento de Transferencia de Fondos (ToFR) y con el acuerdo concerniente a los Mercados en Criptoactivos, o MiCA. 

El Reglamento de Transferencia de Fondos

El primer reglamento, ya aprobado a nivel comunitario, incluye normas dirigidas a desvincular las criptomonedas del blanqueo de capitales. Entre otras medidas, el texto incluye:

• Trazabilidad de umbral cero (vinculación a una identidad real de todas las transferencias de criptoactivos independientemente del valor de las mismas). 
• Los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, o VASP, tendrán que recabar información sobre el emisor y el receptor de las transferencias que ejecuten, lo que afecta a las billeteras no alojadas –aquellas no custodiadas por un tercero–.
• Todas las empresas que presten servicios relacionados con las criptomonedas en cualquier estado miembro de la UE se regirán en virtud de la directiva AML, relativa a la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales.

Mercado de criptoactivos, o MiCA

Este verano también se ha llegado a un acuerdo provisional entre la Presidencia del Consejo y el Parlamento Europeo que incluye la regulación de los mercados de criptoactivos, las criptomonedas estables –aquellas asociadas a un valor externo y que buscan servir de refugio a pequeños inversores en momentos de alta volatilidad–, los monederos electrónicos donde se almacenan estos activos y los centros de negociación.

Esta iniciativa comunitaria busca establecer un pasaporte para los emisores de criptoactivos y proveedores de servicios relacionados. Con este documento podrán atender a clientes en toda la Unión Europea. 

Desde Bruselas también buscan aumentar la seguridad financiera de los pequeños inversores, evitando que sean víctimas de fraude.

Por último, y en relación con el medio ambiente, el legislador comunitario quiere obligar a las empresas de esta industria a publicar de manera “transparente” la energía consumida y el impacto medioambiental generado.