El Parlamento Europeo ha probado la nueva directiva de copyright, una norma que dicta fundamentalmente el designio del tratamiento de contenidos en Internet. En esencia, la normativa incrementa la protección de los derechos de autor, algo que, para sus críticos, pone en jaque la libertad de compartir contenido en Internet.

La votación ha sido favorable a la implantación por 348 votos frente a 274. A pesar de que los grandes grupos parlamentarios en la Eurocámara instaron a sus parlamentarios a secundar la medida, muchos hicieron caso omiso ya que la comunidad internauta está mayoritariamente en contra. De hecho algunos de los grandes actores del sector como Youtube (Google) o Wikipedia han hecho campañas contra la aprobación.

Los aspectos más controvertidos de la directiva son aquellos que concretan sus epígrafes 15 y 17. El primero, en aras de mejorar la gestión de los derechos de autor por parte de los editores, permite a estos exigir una compensación económica a quienes les usen como fuente o les enlacen. El segundo, obliga a las empresas donde se suba un determinado contenido, a que vigilen si estos violan los derechos de autor de un tercero. Algo extremadamente complejo aun para las grandes plataformas.

A priori, la medida favorece a autores y artistas y a las grandes empresas de creación de contenidos (productoras de cine o música o medios de comunicación masivos) y resulta especialmente incómoda para los gigantes tecnológicos que ven ahora como deben hacerse responsables de lo que sus usuarios publiquen en sus plataformas.

Esto ha producido, según ha explicado y criticado el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, brutales presiones sobre los eurodiputados por parte de los lobbies del sector tecnológico en Brusales, hasta el punto de tener que pedir que por favor dejaran de presionar a los parlamentarios.

Tras la aprobación de la normativa en el Parlamento, el último trámite legal será su paso por el Consejo de la Unión Europea a comienzos de abril. Tras esto, todos los países miembros deberán adoptar las medidas correspondientes en los próximos dos años para que la legalidad en este campo quede unificada a nivel europeo.