Los encontronazos de las dos primeras potencias del mundo han puesto sobre aviso a los países que más prisas tienen en abrazar las nuevas herramientas tecnológicas. Estados Unidos y China han protagonizado un enfrentamiento por la política interna de empresas como Huawei, así como por la colaboración que deben tener con el gobierno asiático.

Eso también preocupa a la Unión Europea, que en repetidas ocasiones ha alertado del peligro de que compañías no comunitarias participen del despliegue del 5G, dado que proporcionarían el soporte para el movimiento de cantidades ingentes de datos sensibles. El Gobierno español ha tomado nota de las suspicacias del gobierno estadounidense y analizará las características de los proveedores de este tipo de tecnología.

Según ha podido saber este medio, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones trabaja en un Anteproyecto de Ley que asegure el desarrollo del 5G en un "entorno confiable" y que consolide "la posición avanzada de España". Dicha normativa tiene como finalidad principal la evaluación de las empresas que desplieguen el 5G en nuestro país

No obstante, ello supone que aún pasará al menos medio año hasta que las autoridades pertinentes puedan valorar a las compañías proveedoras. Se espera que la ley pueda ver la luz en el verano de 2021, lo que significa que el análisis posterior puede postergarse unos meses más y dependerá de cada caso.

La nota que pondrá el Consejo de Seguridad Nacional distinguirá entre perfiles de riesgo alto, medio y bajo. Por un lado, se realizará un análisis técnico, atendiendo a las características del sistema, garantía del suministro del servicio y cómo afectan esas características al servicio. Por otra parte, se examinarán otro tipo de riesgos externos, no técnicos. Entre ellos, se estudiarán la estructura de la sociedad o la posibilidad de que un gobierno extranjero pueda interferir en la empresa y en los servicios que proporciona. En esencia, la suma de estas dos vertientes mide si será más o menos fácil que la red de 5G pueda tener interferencias.

En principio, las calificaciones del riesgo no impedirán a los operadores de telecomunicaciones contratar, es decir, el Gobierno no vetará que una empresa de telefonía móvil pueda contar con una compañía proveedora de 5G si tiene un perfil de riesgo alto. De hecho, según se especifica desde la Secretaría de Estado, no se han planteado vetos para los suministradores del 5G.

Por último, se establece que los análisis se realizarán cuando la ley salga adelante y, posteriormente, se repetirán cada seis años, si bien pueden adelantarse si la tecnología u otros aspectos lo requieren. En cualquier caso, el Consejo de Seguridad Nacional seguirá siendo el organismo encargado de realizar dicho análisis.