Al contrario de lo que ocurre en un gran número de sectores, el avance de la digitalización de la justicia se está produciendo a través de tímidos pasos. Uno de los principales problemas subyacentes de esta situación es la inseguridad y falta de confianza que sienten los ciudadanos, derivada de la lentitud de los procesos. […]
Dirigentes Digital
| 15 feb 2022
Al contrario de lo que ocurre en un gran número de sectores, el avance de la digitalización de la justicia se está produciendo a través de tímidos pasos. Uno de los principales problemas subyacentes de esta situación es la inseguridad y falta de confianza que sienten los ciudadanos, derivada de la lentitud de los procesos. En otras palabras, “el hecho de que se pueda prolongar algo injusto en el tiempo sin que nadie te ayude”, comenta Agustín Rodríguez, CEO de pfs.
La llegada de la pandemia ocasionó un gran retraso en los procesos judiciales. No obstante, antes de su aparición ya existía un retraso acumulado al que desde entonces se han sumado otros nueve meses más de media, de los que tres se corresponden al confinamiento vivido en la primavera de 2020 y los seis restantes son derivados de las bajas, brotes y cierres. Además, el experto también sostiene que la avalancha que los juzgados tenían en la puerta “es cada vez más grande y cuesta digerir”.
Como consecuencia de esta situación, Rodríguez indica que los inversores están saliendo de España “porque no puedes entrar en un país con un estado de derecho que no se sostiene de una forma ágil y eficaz”. Una situación que, en su opinión, deriva en “indefensión ciudadana y grandes riesgos de que no se quieran hacer negocios por falta de certidumbre”.
En este escenario, algunas de las limitaciones que todavía encuentra la tecnología a la hora de involucrarse en el mundo de la justicia pueden resumirse en tres problemas. El primero está relacionado con la falta de medios de base. “El personal de un juzgado no puede trabajar desde casa como en otros sectores”, explica Rodríguez. Por otro lado, existen lo que el experto denomina “Reinos de Taifas en las Comunidades Autónomas”, ya que “cada una de ellas opera con su plataforma y no se ponen de acuerdo para hacer las cosas de la misma manera”.
Por su parte, el último impedimento tiene un carácter cultural: “Es una profesión acostumbrada a memorizar y aprender muchas cosas, pero que no utilizan medios digitales, más allá de la base de datos jurídica para comprobar las jurisprudencias”.
Así las cosas, el CEO de pfs considera que la importancia de la digitalización reside en que la eficacia y la reducción de los tiempos “es un asunto de máxima prioridad” en este ámbito. Por ello, apunta que, su falta de desarrollo puede llegar a suponer “un problema de bienestar social en un sistema de derecho”.
De este modo, algunos ejemplos tangibles de lo que supondría dicha digitalización son la sustitución del papel por un sistema digital; la creación de bases de datos centralizadas, fácilmente utilizables por los jueces y funcionarios de los juzgados; la eliminación de la necesaria presencialidad en todos aquellos casos en los que no sea imprescindible, evitando así el desplazamiento innecesario de muchas personas o que el ciudadano tenga acceso online a un expediente digital durante todo el procedimiento.
En lo que respecta a la evolución de las vistas virtuales a lo largo de los últimos meses, Rodríguez sostiene que han comprobado que se trata de un mecanismo que se puede utilizar y que funciona: “Se está incrementando su uso, pero hace falta ser ambicioso y está desordenado todavía, no está claro y no siempre todos los jueces utilizan las mismas reglas para que las vistas sean digitales”.
En este punto, el socio y vicepresidente jurídico de pfs, José Manuel Jiménez López, expone que los motivos por los que todavía un gran número de juzgados y tribunales no han celebrado vistas telemáticas se debe a tres cuestiones. Por carecer de los medios necesarios. Por la negativa del juzgador. Es decir, “por entender que la complejidad del asunto requería de la presencialidad de todos los intervinientes”. Y porque “otros jueces se han negado por entender que la celebración telemática de las vistas quebranta los principios básicos del derecho, como son la publicidad o la privacidad”, además de que “no permite la identificación de los intervinientes ni que la intervención de los testigos y peritos se haga con las suficientes garantías procesales”.
Unido a estos argumentos, Jiménez también señala que aquellos juzgados que cuentan con medios materiales están celebrando Audiencias Previas cuando se trata de Procedimientos Abreviados, gracias a que a este acto procesal “solo acuden los profesionales y, por tanto, no se dan los riesgos indicados anteriormente.
En esta línea, desde pfs han lanzado una plataforma digital a través de la que sus clientes pueden hacer uso de sus servicios, entre los que destacan la posibilidad de tener un expediente digital, la eficiencia en coste o la cobertura nacional, ya que “puedes llevar un procedimiento a cualquier juzgado de España de forma centralizada”. Así, de cara a los próximos meses, desde la organización no auguran un rápido desarrollo: “Estamos esperando a que se apruebe el nuevo proyecto de ley que es poco ambicioso porque para digitalizar hay que reorganizar los procesos. Si lo que se va a hacer es poner automatismos, hay todo un estudio que hacer de qué cosas se podrían hacer de otra manera y cómo utilizar a los intervinientes de otra manera. Cómo prepararlo todo para que, junto a la digitalización, funcione mejor”.
