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Los contenidos sensibles se convierten en una prioridad en la protección de datos

En su Memoria anual, la AEPD muestra el aumento en el número de reclamaciones resueltas, así como su compromiso con la seguridad de los ciudadanos

19 DE abril DE 2021. 08:39H Isabel Garrido

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El avance de la digitalización y la presencia del mundo online en ámbitos cada vez más numerosos ha puesto en valor la importancia de la protección de los contenidos en Internet. En este contexto, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha presentado su Memoria anual en la que recoge las actividades llevadas a cabo por el organismo y sus procedimientos más relevantes. Así, el año de la pandemia ha estado marcado por la adopción de decisiones encaminadas a mantener el nivel de actividad en las circunstancias exigidas por la COVID-19, de forma que no se resintiera el sistema de garantías de los ciudadanos, establecido en la normativa de protección de datos personales.

La atención urgente en caso de difusión ilegítima de contenidos sensibles es una de las prioridades de la AEPD. Por ello, una de las novedades más importantes que se han producido a lo largo de 2020 es la consolidación del Canal Prioritario, a través del que se ha logrado retirar fotografías y vídeos de carácter sexual o violento, difundidos sin consentimiento de los afectados “en unos plazos muy reducidos”, comentan en una nota. De esta forma, durante dicho año, esta nueva plataforma ha recibido 358 peticiones de las que 49 se han tramitado como urgentes, una cifra que triplica los datos de 2019 cuando se ejecutaron 14.

Otra de las claves que se desprenden de la Memoria es la innegable repercusión de las políticas de protección de datos con el contexto internacional. En esta línea, también se indica cómo, en la actualidad, “es imposible separar nítidamente la actividad interna de la europea, ambas vinculadas a la aplicación de una norma única”. En este tiempo, el trabajo de la AEPD en el Comité Europeo de Protección de Datos y los procedimientos más allá de nuestras fronteras han aumentado: en 2020 se presentaron ante la Agencia 10.324 reclamaciones, una cifra que asciende a las 11.215 si se incluyen también las quiebras de seguridad trasladadas a inspección, así como los casos transfronterizos y aquellos en los que la institución actúa por iniciativa propia.

Por su parte, algunos de los cambios provocados como consecuencia del coronavirus, tales como la ampliación del teletrabajo, ya existente en el organismo desde 2017 con el fin de potenciar la conciliación y retener el talento, no han mermado sus resultados. La eficiencia y la productividad se han mantenido, de forma que la tasa de reclamaciones resueltas frente a las recibidas ha aumentado un 5% respecto al año anterior, mientras que los tiempos medios de resolución y el desarrollo de proyectos de concienciación se han mantenido en relación a los resultados obtenidos en 2019.

Las entidades financieras, las más multadas

Entre las reclamaciones planteadas por los ciudadanos, destacan con mayor frecuencia los servicios de Internet (16%), seguidos de la inserción indebida en ficheros de morosidad (15%), la videovigilancia (12%), la recepción de publicidad en la que no está incluida el spam (7%) y la reclamación de deudas (6%). Por otro lado, en lo que respecta a los sectores, las entidades financieras o acreedoras y las telecomunicaciones aglutinan el 76% del importe global de las sanciones impuestas con multa, con 5,045 millones de euros y 1,009 millones, respectivamente. El cómputo total de sanciones registradas en 2020 asciende a 8.018.800 euros, lo que supone un incremento del 27% respecto a 2019.

El coronavirus desata las consultas sobre los estudiantes

La educación online impuesta como consecuencia de la crisis sanitaria también ha disparado las consultas relacionadas con el tratamiento de los datos personales de los alumnos. En este sentido, durante el último año, el Canal Joven de la Agencia ha recibido cerca de 1.400 preguntas. El cambio de escenario en los centros educativos y el uso de muchas aplicaciones nuevas para impartir las clases y realizar exámenes ha planteado numerosas dudas, tanto entre los docentes como por parte de las familias, inimaginables antes de 2020. 

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