Algo ha cambiado de un tiempo a esta parte en las ciudades españolas. En medio del tráfico de las grandes calles y avenidas se abren paso los patinetes y bicicletas eléctricas, que trazan una nueva forma de desplazarse. Con una legislación en pañales, su uso todavía es residual, pero no así su potencial económico. Según un informe elaborado por EIT InnoEnergy, aceleradora de innovación energética sostenible, la micromovilidad eléctrica tiene capacidad para impulsar la creación de nuevos empleos y, por tanto, dinamizar la economía, y, además, lo haría de una manera respetuosa con el medio ambiente, ya que sería capaz de reducir “en gran medida” las emisiones de dióxido de carbono (CO2). Algo que no será posible si no se aborda desde una perspectiva “más sistémica” y “sostenible”.

La estimación proviene de un análisis en el que se ha extrapolado el comportamiento de este tipo de movilidad en la ciudad alemana de Múnich a más de cien ciudades de todo el continente, entre las que figuran grandes núcleos urbanos españoles como Barcelona, Madrid y Sevilla. A su vez, este ha sido combinado con varios escenarios validados para crear proyecciones del impacto que tendría el despliegue total de la micromovilidad eléctrica, compartida y conectada para 2030.  “Muchas ciudades de toda España han adoptado la micromovilidad y varios puntos tienen planes ambiciosos para seguir ofreciendo alternativas al transporte tradicional”, comenta la responsable del área de energía para el transporte y la movilidad de EIT InnoEnergy y autora del informe, Jennifer Dungs. Pese a ello, la experta hace hincapié en cuestiones como la seguridad pública, la normalidad nacional y las multas, además de recientes regulaciones que “están afectado al enorme aumento de la popularidad de la movilidad personal”. 

A juicio de Dungs, este mercado ha despegado en España dividiendo a la opinión pública y empañando la percepción de esta forma de desplazamiento, ante lo que plantea el dilema de si estas soluciones son capaces de resolver los desafíos existentes, como la contaminación del aire, los atascos y los altos niveles de ruido en los centros urbanos “cada vez más concurridos o si simplemente causarán molestias”.

Entre los inconvenientes, el documento menciona algunas de las limitaciones en los tipos de vehículos (patinetes y bicicletas eléctricas) como ser poco adecuados para el transporte de la compra, recoger a los niños del colegio o realizar entregas de última milla. Esto se suma a otros impedimentos que también están dificultando su implantación como “la corta vida útil” de los vehículos, los “elevados” costes operativos en lo que respecta a la carga o la reubicación, así como la falta de integración en los sistemas de transporte de las ciudades del Viejo Continente. Precisamente, todos estos son los factores por los que la micromovilidad no termina de despegar, con una representación en el conjunto de todos los viajes realizados en las ciudades inferior al 0,1%.

En su apuesta por revertir esta situación, EIT InnoEnergy aboga por replantear el enfoque actual hacia uno sistémico y sostenible centrado en la mejora de capacidad de los servicios, sobre todo, motores y baterías, un cambio hacia componentes de “mayor calidad” o el desarrollo de estaciones de intercambio de baterías, sin olvidarse de la puesta en marcha de regulaciones “más favorables” para este tipo de flotas. “Si nos fijamos en los beneficios potenciales para la calidad de vida urbana, el medio ambiente y nuestra economía, todos deberíamos tener un interés por apoyar y acelerar esta transición”, aclara Dungs, quien añade que la micromovilidad solamente desempeñará un papel en el rediseño de las ciudades y de los sistemas de transporte si la sociedad pulsa “el botón de reinicio”.

La superación de estas barreras y la puesta en marcha de las medidas repercutiría en dos frentes: la economía y el medio ambiente. Por un lado, permitiría crear cerca de un millón de puestos de trabajo directos e indirectos (990.000), escenario que redundaría en un aumento del PIB de 111.000 millones de euros como resultado de los casi 1.000 millones de horas de ahorro anuales fruto de la reducción de la congestión. La cifra es equivalente a la suma de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de Malta, Chipre, Letonia y Estonia.

Desde la óptica de la sostenibilidad, reduciría la emisión de más de treinta millones de toneladas de dióxido de carbono y ahorraría hasta 127 TWh de consumo de energía al año. Para hacerse una idea, esta cifra equivale al 12,5% de las emisiones de CO2 de todo el sector energético alemán en 2019 y al 23% del consumo de energía del sector del transporte de Alemania en 2018, respectivamente.

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