Sevilla y La Coruña han sido las ciudades elegidas para albergar la Agencia Espacial Española y la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial respectivamente. El Consejo de Ministros así lo ha decidido tras recibir el dictamen de la Comisión Consultiva que votó por unanimidad ambas opciones. Han sido 37 las candidaturas presentadas procedentes de 14 comunidades autónomas y, 1.300 entidades entre Sevilla y A Coruña, han apoyado sendos proyectos. 

El Consejo de Ministros ha decidido que la Agencia Espacial Española (AEE) se ubicará en Sevilla después de considerar que la capital hispalense es la opción más adecuada entre las 21 candidaturas presentadas. Respaldada por la Junta de Andalucía, Sevilla cuenta con una sede cuyo valor alcanza los 6,7 millones de euros que será cedida a la Agencia por el Ayuntamiento. La ciudad aporta el edificio del Centro de Recursos Empresariales Avanzados (CREA) dotado con el equipamiento necesario para la actividad. 

La red de conexiones internacionales aéreas, el AVE, la oferta hotelera, así como la gran tradición en el sector espacial han hecho de Sevilla la candidata perfecta.

Por su parte, La Coruña ha sido la elegida tras valorar la Comisión Consultiva 16 candidaturas. También por unanimidad, la ciudad gallega ha superado el proceso objetivo y técnico y cumple con el compromiso de descentralización del sector público del Gobierno. Los centros de investigación de las universidades gallegas también han contribuido a esta decisión debido a los proyectos de carácter internacional que posicionan a Galicia en cabeza de la investigación en materia de inteligencia artificial. La Agencia tiene como principal misión minimizar los riesgos que puede traer la IA en campos como la seguridad, la intimidad y la salud de las personas, además de los derechos fundamentales.

España se convierte así en el primer país de la UE con una Agencia de supervisión de la Inteligencia Artificial yendo un paso por delante del futuro Reglamento europeo de IA que establecerá la necesidad de que los estados miembro cuenten con un mando que supervise esta materia.