Hasta ahora, las compañías que dan servicios de telecomunicaciones quedan en el limbro a nivel impositivo y regulatorio. La mensajería instantánea o las llamadas y videollamadas a través de internet forman parte de la vida diaria de muchas personas, pero no tienen un encaje en la legislación española.

Por ello, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital está preparando la nueva Ley General de Telecomunicaciones, que en este momento se encuentra en audiencia pública. Entre otras cosas, esta nueva legislación de hasta 114 artículos pretende adaptar algunas normas que ya prevé una directiva europea para el sector, pero añade algunos puntos más.

Una de las cuestiones más destacadas es la consideración de compañías de telecomunicaciones para servicios como los mencionados en el primer párrafo de este texto. Según tiene contabilizados la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, existen en España 400 operadores de telecomunicaciones, si bien la mayor parte de ellos no se verían afectados por la tasa que sí se aplica a todo el sector.

En concreto, fuentes de la Secretaría de Estado apuntan que aquellas compañías con unos ingresos mínimos de un millón de euros estarán obligadas a registrarse como operador de telecomunicaciones y a pasar por caja: 1 euro por cada 1.000 euros que facture la empresa. Esto es, si la empresa alcanza el mínimo de 1 millón de euros, se verá obligada a pagar 1.000 euros.

Según apuntan esas mismas fuentes, desde el Ministerio que dirige Nadia Calviño no se considera "incluir dentro de la recaudación aquellos operadores que tienen facturaciones muy pequeñas". De ese modo, no se busca que se conviertan en operadores, pero sí tienen la obligación de registrarse para que se les considere como tales.

No obstante, no cuentan con la carga regulatoria que sí tienen los operadores tradicionales, dado que la norma europea no recoge este punto. Asimismo, se añaden otras obligaciones a las empresas, como incrementar la transparencia hacia los usuarios y garantizar una mayor seguridad en los servicios que prestan.

Se espera que esta nueva norma comience a estar en vigor a finales del año que viene, ya que se estima que su tramitación en el Congreso podría iniciarse durante el segundo trimestre de 2021.

Más exigencias para los proveedores

Otra de las cosas que regula la nueva norma es la relación entre los usuarios y su proveedor de servicios. Se busca reforzar la posición del usuario y asegurar sus derechos. Para ello, se pone el foco en mejorar la transparencia y la inteligibilidad de los contratos. En ese sentido, se tratará de asegurar que el usuario entiende y está de acuerdo con las condiciones del contrato antes de firmarlo.

Además, se buscará facilitar que el cliente pueda comparar más fácilmente entre las diferentes ofertas existentes, tanto a nivel de precio como de servicios. Por otra parte, se limitan los contratos a un máximo de 24 meses y, según fuentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, se regularán los precios de los paquetes de servicios.