Cuesta trabajo encontrar un periodo más dramático en la historia de este banco, creado en 1926, que el que está atravesando en este momento y que ya le ha costado una pérdida de su valor en Bolsa en torno a los 1.000 millones de euros. Aunque la crisis se acentuó cuando el banco anunció un ajuste en sus cuentas por un fallo en las provisiones y la posterior dimisión de Pedro Larena como consejero delegado, la casa que se encontró Emilio Saracho cuando se convirtió en presidente el pasado 20 de febrero arrastraba más frentes complicados. Principalmente tres: 120.000 afectados por cláusulas suelo, las minusvalías de los bonos convertibles, con implicados aún pendientes de resolución judicial, y la reducción de su exposición al ladrillo, sobre todo desde que el propio Saracho decidiera congelar el proyecto Sunrise para sacar del balance activos inmobiliarios. Tampoco ayuda nada que el pasado viernes, 7 de abril, Standard&Poor´s (S&P) rebajara la calificación de Popular desde B+ hasta B con perspectiva negativa. Poco después, el ministro de economía, Luis de Guindos, afirmaba que el banco no tiene problemas “ni de solvencia ni de liquidez” y que los comentarios que él tenía desde Banco de España eran para resaltar “el esfuerzo que han hecho con las provisiones». Por otro lado, hay que recordar que Popular es una entidad financiera con una cifra de activos equivalente al 13 por 100 del Producto Interior Bruto de España.
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