Desde que se hizo oficial el resultado del referéndum en Reino Unido sobre su salida de la Unión Europea (UE) a partir del 29 de marzo de 2019, varias instituciones y centros de estudios han intentado cuantificar las consecuencias económicas de esta decisión. Y, en la inmensa mayoría de los casos, todas esas previsiones son altamente negativas.

Así, el consorcio británico Global Future cifró el año pasado el coste laboral del Brexit en la destrucción de más de 200.000 empleos, entre otras causas, debido a la salida del país de empresas como Airbus, Jaguar, BMW, Nissan o la española Ferrovial, que participa en el aeropuerto londinense de Heathrow. Mientras, un informe del diario británico The Observer centraba la cuestión en la industria y aseguraba que uno de cada cinco empleos manufactureros se destruiría en Reino Unido a causa de su abandono de la UE.

En lo que respecta al sector financiero, el Banco de Inglaterra ya anunció el pasado mes de octubre que el Brexit puede suponer al país la pérdida de 75.000 empleos en el sector financiero. Gran parte de esas pérdidas las sufriría la City de Londres, el distrito financiero de la capital británica, en el que varias firmas han empezado a cerrar sus sedes para establecerse en Amsterdam, Frankfurt, París y otras capitales comunitarias, evitando así perder la licencia que les permite operar en la UE.

De hecho, la presidenta del Comité de Política y Recursos de la City, Catherine McGuinness, aseguró este pasado martes ante la Cámara de los Comunes británica que entre 3.500 y 12.000 empleos en servicios financieros se trasladarán de Reino Unido a la UE en el corto plazo debido al Brexit. Además, McGuinness dejó claro que este número podría incrementarse en gran medida a largo plazo, en una advertencia velada a la escasez de avances que está consiguiendo el Gobierno británico en su negociación con Bruselas.

“No estamos esperando un gran Brexodus en primera instancia. Pero dependiendo de cómo vayan las cosas, a largo plazo podemos ver irse a muchos más”, afirmó McGuinness. Estas declaraciones ponen en evidencia que el cambio de sede de aseguradoras, bancos y fondos de inversión a terreno comunitario podría estarse acelerando, lo que podría suponer un problema económico para Reino Unido, cuya economía está volcada en gran medida hacia este sector.