Tras incumplir un compromiso de 503 millones de dólares con bonistas privados (GLOBAL 2021, 2026 y 2046) el viernes (22) y prorrogar una vez más las negociaciones por 66.300 millones de dólares de su deuda externa, Argentina vuelve a estar en cesación de pagos. 

Las miradas se vuelven ahora a lo que ocurrirá el martes 2 de junio, plazo estipulado por Hacienda para proponer otra solución después de que fracasara su anterior propuesta de pagar “en algún momento” después de 2023. 

Tradición 

En estos días se conocerá también qué suerte tendrán los acreedores que habían contratado un seguro en caso de tal cese de pagos ya esperado. El dispositivo podría pagar hasta 1500 millones de dólares, según especialistas. 

Esta es la novena vez que Argentina deja de honrar sus compromisos desde 1827. El gobierno de Alberto Fernández (centroizquierda) quería romper el estigma, pero ahora buscará minimizarlo mientras avanza la pandemia.

Fitch y Standard & Poor’s ya bajaron su calificación a "Default Restringido" y a "D", respectivamente, ambos “default”. La nota de Fitch se basa en “quiebra de entidad calificada, reestructuración de deuda o incumplimiento de emisión/tramo”. 

Sanidad

“Nadie en su sano juicio cree que Argentina puede pagar más de lo que ha ofrecido. La pandemia le quita todo ese argumento”, dijo Joseph Stiglitz, el Nobel de Economía mentor del ministro de Hacienda Martín Guzmán.

Aunque se mantiene confidencial la propuesta argentina, medios próximos sugieren que Hacienda ofreció 40 centavos por cada dólar debido, mientras que los acreedores habrían rechazado recibir menos de 60 centavos.

Tras el nuevo plazo solicitado, el grupo AdHoc, uno de los acreedores, dijo celebrar “la intención de Argentina de trabajar con los acreedores” después de que en el último mes “no ha tenido ninguna comunicación sustancial”.

Turbulencias

“Estamos comprometidos a cambiar la turbulenta historia de Argentina”, dijo Guzmán a principios de mayo, al ofrecer bonos con vencimientos en 2030, 2036 y 2047. Esa “turbulenta historia” incluye la crisis socioeconómica y el aislamiento internacional que siguieron al impago de 2001.

En la década siguiente, los gobiernos Kirchner realizaron reestructuraciones (2005 y 2010) tras “defoltear” (verbo argentino para “impagar”) dos veces. 

Los bonos ahora en cuestión fueron emitidos en 2016, gobierno de Mauricio Macri, para liquidar el impago de 2014, del mandato de Cristina Kirchner, actual vicepresidenta y “jefa” política del propio Alberto Fernández.

Sensatez

“Argentina ha presentado una propuesta razonable”, dijo Mark Weisbrot, presidente de Just Foreign Policy (independiente), el 18 de mayo en el New York Times, citando el plazo de tres años para empezar a pagar y la reducción de intereses de 7 a 2,3% que pide Guzmán.

El norteamericano, que promueve una política internacional basada en “diplomacia, ley y cooperación”, advirtió que “los acreedores deben aceptar la realidad de que las cargas insostenibles de deuda solo engendran crisis peores a la larga”. “Insostenible” fue como calificó el FMI a la deuda argentina.

Mientras tanto, la pandemia y el malestar popular avanzan en las regiones más pobres del país, regiones tradicionalmente de influencia del partido de Fernández, a quien sus gobernados le exigen, cada vez más, soluciones económicas.