Desde el principio de la crisis económica que ha causado la pandemia, el Gobierno español ha esquivado la posibilidad de acudir al MEDE, el instrumento europeo de rescate para países en apuros. En un primer momento se palpaba el temor siquiera a pronunciarlo, aunque a mediados de mayo se vislumbraba que era posible, aunque dependía de la magnitud del Fondo de Recuperación, que se ha dado a conocer este 21 de julio.

Desde el Ministerio de Economía se explicaba que acudir o no a un rescate como el que sufrieron Portugal y Grecia en su momento dependería de cuánto dinero pudiera obtener el estado por otras vías. Las condiciones que se impusieron a estos dos países llevaron a España y a otros países a proponer un plan alternativo, lo que condujo a Alemania y Francia a recoger el guante.

Como publicó DIRIGENTES, habrá supervisión del resto de países miembros, pero las condiciones para recibir las transferencias y préstamos son muy distintas de las que se imponían al acudir al MEDE. Ahora, se pide que los planes nacionales respeten las recomendaciones de la Comisión Europea, junto al foco en la transición digital y ecológica. Asimismo, si un país o varios identifican que se están produciendo “desviaciones graves” en la aplicación de dichos planes, pueden solicitar un debate sobre ello en el Consejo Europeo.

En todo caso, tanto Italia como España tuvieron que tomar una postura menos exigente, dado que una ruptura de las negociaciones les llevaba a tener que buscar el dinero en otra parte. En el caso de España, se necesitaban 130.000 millones de euros. De modo, que esa urgencia influyó en que se acabara aceptando reducir las transferencias desde los 500.000 millones de euros hasta los 390.000 millones, porque lo contrario habría sido retrasar un acuerdo y agravar las dificultades presupuestarias.

De esa cantidad, España espera contar con 140.000 millones de euros, la misma cantidad que con la anterior propuesta, si bien el hecho de que los 750.000 millones del plan se distribuyan de manera distinta, también han influido en su reparto. Así, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que las transferencias directas alcanzarán los 72.700 millones de euros, y 67.300 serán préstamos. De esa cantidad, el 70% llegará a España en 2021 y 2022, y la parte restante, en 2023.

Sin embargo, no es el único apoyo que la Unión Europea ha comprometido con el Gobierno español. La puesta en marcha de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) ha ayudado a proteger el empleo en España, a imitación de mecanismos similares que existían en otros países europeos. Según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, el mes de mayo se alcanzó el máximo de personas con prestaciones por ERTE, con 3,3 millones de personas, que en junio se ha reducido a 2,8 millones.

A pesar de las bondades de esta herramienta para el empleo, el Gobierno trata de negociar su extensión con plazos más reducidos de los que quisieran los empresarios. Así, mientras la patronal demanda que esta herramienta siga en vigor hasta finales de año, el Gobierno ha aceptado irla prorrogando hasta junio, en primera instancia, y después, hasta finales de septiembre.

¿El motivo? Su coste. En abril, mayo y junio España ha gastado 8.091 millones de euros en ERTE. Y si se suman el total de prestaciones por desempleo y por ERTE esta cifra asciende a 14.561 millones de euros. En mayo, en vistas del enorme coste que suponía este mecanismo para las cuentas públicas, el Ministerio de Economía afirmó que se acogería al SURE, una herramienta europea destinada a facilitar financiación a los miembros para el desempleo y los ERTE. El fondo cuenta con un máximo de 100.000 millones de euros, de los que España anunció que solicitaría 15.000 millones de euros.

Estas dos fuentes de financiación no han sido las únicas que España ha requerido para que sus cuentas sigan siendo sostenibles. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, explicaba hace unos días que sin Europa, en España “tendríamos enormes dificultades para financiar”, de modo que “Europa es una de las esperanzas básicas para salir de esta crisis”.

Su propio organismo dispuso al inicio de la pandemia un plan para comprar deuda de los estados por valor de 750.000 millones de euros. De Guindos especificó que las compras de deuda española por parte del BCE ascienden ya a 120.000 millones de euros, si bien esto ha servido para estabilizar la capacidad de financiación de España y para tranquilizar a los mercados financieros.

Por último, el Banco Europeo de Inversiones movilizó en abril 200.000 millones de euros para estimular la economía europea. Esta se está distribuyendo desde entonces en colaboración con los bancos públicos de los países (el ICO en España) y los bancos privados. Además de los 1.500 millones que el BEI y el ICO pusieron en marcha para las pymes en mayo, el BEI ha facilitado otras importantes operaciones con entidades financieras españolas.