En su comparecencia ante la Cámara de los Comunes, el secretario permanente de la Agencia Tributaria y de Aduanas de Reino Unido, Jon Thompson, ha advertido a los parlamentarios de, si el Gobierno británico no consigue alcanzar un acuerdo sobre el Brexit con Bruselas, las empresas del país podrían afrontar costes de 20.000 millones de libras al año (22.860 millones de euros) para cumplir con sus nuevas obligaciones aduaneras.

Thompson ha señalado que dejar la Unión Europea (UE) sin haber alcanzado un pacto comercial con los 27 retrotraería al país a las normas de la Organizacion Mundial de Comercio (OMC), lo que significaría que las empresas británicas deberían rellenar costosas declaraciones de aduanas en su operativa habitual.

La primera ministra británica, Theresa May, prometió sacar a Reino Unido de la unión aduanera con los 27 miembros restantes de la UE, aunque la patronal del país y la oposición le han exigido que no tome esa decisión sin antes haber alcanzando un acuerdo de mínimos con Bruselas. Esta intención obliga a Londres a renegociar todos sus acuerdos comerciales a nivel mundial en pleno embate proteccionista en EEUU.

El Gobierno británico no ha sido capaz de avanzar en sus negociaciones con la UE acerca de derechos ciudadanos y acuerdos comerciales. Además, May debe encontrar una solución para la frontera entre la República de Irlanda, que es un país comunitario, y la dependencia británica de Irlanda del Norte que convenza tanto a su partido, el conservador, como a Dublín y a Bruselas.

La primera ministra de Reino Unido se comprometió a no levantar una frontera terrestre convencional en Irlanda para controlar el paso de mercancías entre su territorio, que depende totalmente de su vecino del sur, y el territorio comunitario. Sin embargo, la falta de avances en la negociación con el Ejecutivo comunitario podrían hacer inevitable esta opción, que resultaría especialmente costosa a las empresas británicas.

Mientras, la oposición laborista ha anunciado sus planes para forzar a su gobierno a permanecer en el mercado único comunitario en una decisiva votación que tendrá lugar la próxima semana en la Cámara de los Comunes. Su líder, Jeremy Corbyn, ha asegurado que es necesario garantizar que las compañías británicas sigan contando con acceso completo al Espacio Económico Europeo.

En caso de que Corbyn consiga convencer al Partido Unionista del Úlster, socio del que depende la mayoría parlamentaria de los conservadores, Theresa May sufriría una nueva derrota. Dado que los unionistas serían los más perjudicados con la imposición de una "frontera dura" en la isla, no parece descabellado pensar en un cambio en su postura de apoyo al Ejecutivo británico.