El problema de las pensiones no ocurre solamente en España. El desarrollo económico que ha vivido América Latina a lo largo de las últimas décadas ha impulsado la combinación de menos hijos y adultos de más edad en la región, dando fin al "dividendo demográfico" que venía disfrutando Sudamérica desde 1970.

Si hace 30 años la población de entre 15 y 64 años era la predominante en América Latina, en el momento actual, esta situación se ha revertido y ahora crece más rápido el resto de rangos, es decir, los menores de 15 y mayores de 64. El resultado de la ecuación es claro: la cantidad de población activa existente para mantener el número de personas dependientes cada vez es menor.

Una publicación realizada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) alerta de que a pesar de que los países latinoamericanos son todavía más jóvenes en comparación con las economías avanzadas, las previsiones arrojan una aceleración del envejecimiento. Así, mientras en algunos países como Paraguay, Bolivia o Guatemala disponen de margen al menos hasta 2025, en otros como Uruguay, Brasil y Colombia solamente disponen de un par de años para poder hacer frente a esta problemática.

Para asegurar el reemplazo generacional, los expertos sitúan el promedio de hijos por mujer en una cifra igual o superior a los dos hijos, algo que ha dejado de ocurrir, por ejemplo, en Costa Rica o Chile. De hecho, según datos del organismo estadístico de este último país, la Tasa Global de Fecundidad (TGF) alcanzó el 1,9 hijos por mujer en 2014.

Llama la atención que los dos últimos países citados sean los que registren una esperanza de vida mayor al resto de sus vecinos. Concretamente 80 años, frente a los 75 años de la zona, impulsados por el aumento del nivel de vida y la mejora del acceso a la atención sanitaria.

Todo ello en un escenario donde el gasto en pensiones aún es reducido (en torno al 4% del PIB) si se compara con el 9% que representa en países de altos ingresos y economías emergentes de Europa. "A medida que la población envejece, se proyecta que el gasto en pensiones públicas de la región aumente de manera pronunciada y se cierre la diferencia con los países avanzados", señalan en el documento.

En este sentido, el organismo encabezado por Christine Lagarde proyecta un agravamiento del problema en aquellos países que cuentan con un sistema en el que los trabajadores actuales pagan las pensiones de ese momento, el conocido como sistema de reparto con prestaciones definidas, ya que tendrán que afrontar un mayor aumento del gasto a medida que la población envejece.

En cambio, han detectado un desfase menor e incluso negativo del gasto público en pensiones en aquellos que utilizan el sistema de capitalización de cotizaciones definidas, en el que cada trabajador reserva ahorros durante su vida laboral para la pensión y las prestaciones por jubilación dependen tanto de las contribuciones acumuladas como del rendimiento financiero.

"Un aumento menor del gasto público en pensiones suele estar asociado a prestaciones bajas o a una reducida cobertura de las personas mayores por parte del sistema de pensiones", añaden. En este sentido, son República Dominicana, México, Bolivia, Chile y El Salvador aquellos países donde se recibe una prestación muy por debajo del promedio de la zona.

A pesar de la existencia de una importante dicotomía entre sostenibilidad financiera y sostenibilidad social, la problemática va más allá. La reducida cobertura y las prestaciones insuficientes no solo son producto del bajo rendimiento financiero, sino también de la reducida participación de las mujeres en el mercado laboral de América Latina. Y es precisamente este factor el que agrava la situación de las mujeres, pues no solo trabajan menos, sino que además se ven afectadas por el parón de la maternidad, menores salarios, edades de jubilación más tempranas y una esperanza de vida más alta que se traducen en mayor pobreza durante la vejez.