Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en las últimas horas en el nuevo presidente de México tras haberse impuesto holgadamente en los comicios de este domingo. Con el estrutinio todavía en marcha, su candidatura ha logrado un 53,1% de los votos, lo que le convertirá en el primer presidente de este país que pertenece a una candidatura de izquierda.

Mientras, sus oponentes, Ricardo Anaya de la coalición derechista Por México Al Frente y José Antonio Meade del antaño hegemónico Partido Revolucionario Institucional, consiguieron respaldos del 23,6% y del 14,8%, respectivamente. Ambos han admitido ya su derrota, antes incluso de que se den a conocer los resultados oficiales.

Reconciliación y lucha contra la corrupción

Mientras, López Obrador, de 64 años, ya se ha declarado vencedor de los comicios, en un discurso en el que apeló "a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, el interés superior". Además, ha priorizado en su próxima acción ejecutiva la lucha contra la corrupción y contra la pobreza, dos de los grandes males que afectan al país junto con el crimen organizado.

Por su parte, el presidente saliente, Enrique Peña Nieto, del PRI, también ha reconocido el triunfo de López Obrador, que ya se había presentado en 2006 y 2012 y había sido derrotado en dos comicios salpicados por denuncias de fraude electoral por parte del Gobierno mexicano. En esta ocasión, Peña Nieto ha señalado que "me comuniqué con el ganador de la elección presidencial para expresarle mi felicitación y asegurarle que él y su equipo de trabajo contarán con la colaboración del Gobierno de la República para realizar una transición ordenada y eficiente".

Amplia mayoría parlamentaria

Ese proceso de transición durará cinco meses, hasta la toma de posesión de López Obrador, que se producirá el próximo 1 de diciembre. El nuevo presidente azteca heredará unas estructuras federales deterioradas por la corrupción política y por la descomposición del que fue el partido hegemónico del país entre 1929 y 1989, el PRI, que se ha alternado el poder con el Partido de Acción Nacional de Ricardo Anaya durante las últimas dos décadas.

Además, el nuevo jefe de Estado mexicano contará con el respaldo mayoritario de ambas cámaras, si hacemos caso de los resultados provisionales, que dan a su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y a sus aliados de izquierda el control de la Cámara de Senadores y de la de Diputados. Este margen permitirá a López Obrador ejercer su agenda reformista y contra la corrupción sin necesidad de apoyarse en ninguno de los dos partidos de la oposición.

Dentro de esa oposición, el PRI queda en una posición especialmente vulnerable, perdiendo la mayoría parlamentaria y colocándose como tercer partido, tanto a nivel nacional como en la mayoría de las elecciones locales que se celebraban al mismo tiempo que las presidenciales, como las de Ciudad de México, donde ganó la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, al igual que en 11 de las 16 alcaldías de la capital y en varios estados del norte del país.

Retos y promesas electorales

De este modo, López Obrador podrá aplicar sin cortapisas un programa electoral que el diario estadounidense New York Times, muy crítico con su candidatura, ha definido como un plan para "el desarrollo con paz y justicia social". En primer lugar, la lucha contra el crimen y la impunidad es una de sus prioridades, especialmente tras una campaña electoral en la que se han registrado 548 agresiones, 133 asesinatos, 47 intentos de homicidio y 50 muertes de familiares de políticos.

Entre sus propuestas más destacadas se encuentran las referidas a política social, como la reducción de la edad de jubilación de 68 a 65 años, los programas de transferencia directa de efectivo a los mayores de 65 años, el establecimiento de becas y cursos de capacitación para jóvenes que carecen de trabajo y estudios y el freno a la privatización del agua y de otros recursos naturales en manos de empresas multinacionales, entre otras medidas.

Además, también hay que señalar el calado de sus propuestas energéticas y de infraestructuras, que suponen una enmienda a la totalidad a la política de su predecesor. Así, López Obrador ha asegurado que frenará la polémica reforma energética iniciada por Peña Nieto, que ha permitido la explotación de petróleo y gas a las compañías foráneas sin tener en cuenta el daño a la economía y el medio ambiente de Yucatán y el litoral. Como respuesta, el presidente electo ha propuesto la construcción de refinerías que ayuden al autoabastecimiento del país.

Mientras, López Obrador deberá incorporarse a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en la que el Gobierno de EEUU ha intentado endurecer las condiciones a través de medidas proteccionistas que podrían ser contestadas con políticas paralelas desde el nuevo gobierno azteca. Su propuesta de subsidiar la agricultura, a pesar de la amenaza arancelaria de la Casa Blanca, es un envite a un Donald Trump que ha recibido con buenas palabras desde Twitter a su nuevo contraparte mexicano.

Entre otras promesas, López Obrador ha prometido modernizar el ferrocarril transoceánico, fomentar la producción en el país para mejorar su balanza de pagos, frenar la privatización de empresas estatales iniciada por sus dos predecesores y tomar medidas favorables a la socialización de la riqueza. Un programa que no es novedoso, pero que supone una moderación considerable en las propuestas presentadas por López Obrador en 2006 y 2012, lo que ha sido recibido con optimismo en los mercados.

Quizás la faceta más polémica del discurso del nuevo presidente mexicano sea la de la lucha contra la violencia criminal, para la que ha propuesto una amnistía a los principales líderes tanto de cárteles criminales como de organizaciones políticas corruptas. Su apelación a la paz en la madrugada de su victoria electoral da alas a una posible solución al conflicto que ya ha costado más de 200.000 vidas en los últimos 18 años.