Aunque para muchos el uso de estas monedas virtuales es bastante beneficioso, dentro del marco de la legalidad, aún quedan muchos flecos sueltos, ya que las criptomonedas están dentro de una red descentralizada cuyos movimientos no están regulados por ningún organismo público o entidad financiera. Ahora, con Libra, el debate de la regulación de las monedas virtuales ha tomado más peso y muchos piensan que es necesario crear una normativa para realizar las transacciones, ya que, aunque la utilización de las criptomonedas puede ser muy ventajosas, también a través de ellas se pueden llevar a cabo acciones delictivas o ilegales.

Los distintos puntos de vista sobre las criptomonedas son tan variados como el número de ellas. Así, en Estados Unidos dependiendo del organismo que se pronuncie sobre las monedas digitales, la definición sobre las mismas cambia. Es por ello que conseguir una regulación conjunta resulta complicado.

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) dice que los criptoactivos, sin incluir a Bitcoin y Ether, son valores financieros y deben ser regulados como tales. La postura de la SEC se aplica principalmente a la mayoría de los tokens provenientes de las ICO (Oferta Inicial de Moneda).

Sin embargo, para la Comisión de Comercio de Futuros sobre Mercancías de Estados Unidos (CFTC) los tokens son commodities, ya que están más cerca del oro que de las monedas o valores convencionales, al no estar respaldados por un gobierno y carecer de garantías.

Para la Red Judicial de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCen), los tokens son dinero, por lo que las ICO están sujetas a las reglas del transmisor de dinero, de acuerdo con la Ley de Secreto Bancario. Por ello, FinCen considera que estas ofertas deben registrarse con el Gobierno, recopilar información sobre sus clientes e informar sobre cualquier actividad financiera sospechosa.

Por su parte el Tesoro estadounidense ha definido en particular a Bitcoin no como una moneda, sino como un negocio de servicios monetarios (MSB). Esto lo coloca bajo la Ley de Secreto Bancario, que requiere que los procesadores de intercambios y pagos cumplan con ciertas responsabilidades, como la notificación, el registro y el mantenimiento de registros. Además, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) clasifica a Bitcoin como propiedad para fines tributarios.

Precisamente sobre esta criptomoneda, la más antigua, en 2013 Estados Unidos aprobó que se pudieran hacer inversiones con Bitcoin, aceptando que podía ser usada como una divisa más de intercambio para comprar bienes o servicios.

A finales de 2017, una unidad de vigilancia federal estadounidense asignó un grupo de trabajo para vigilar las criptomonedas, y para lanzar una alerta si esas monedas alternativas mostraban signos de convertirse en un riesgo para la estabilidad del sistema financiero del país. Según señaló el Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera del Departamento del Tesoro de EE.UU., el aumento de los precios de Bitcoin y otras monedas digitales estaba atrayendo inversiones de especuladores que esperaban enriquecerse rápidamente, pero también se sabía que estos valores de monedas virtuales caían con la misma rapidez.

El consejo de supervisión financiera del país publicó un informe anual en 2018 en el que llegaba a la conclusión de que la volatilidad en el ámbito de las criptomonedas no podía causar grandes repercusiones que afectaran la salud de otras instituciones financieras de Estados Unidos ya que el valor total de las monedas digitales aún constituía una pequeña fracción de los activos financieros de EE.UU. y las criptomonedas tenían “un uso limitado en la economía real o en las transacciones financieras”. transacciones, ya que, aunque la utilización de las criptomonedas puede ser muy ventajoso.

La regulación de las criptomonedas en el mundo

El uso de las criptomonedas no está regulado 100% por ninguna entidad internacional. Es una red totalmente descentralizada donde el valor de estas monedas digitales depende únicamente de la demanda que haya en cada momento. Pero se están usando cada vez más para realizar movimientos financieros y es por ello que los gobiernos de algunos países están trabajando en la regulación de las mismas y varios tienen ya su propia normativa sobre las monedas electrónicas.

2013 marca el momento en el que las autoridades de algunos países comienzan a tomar en cuenta estas monedas e inician distintas acciones, sobre todo con Bitcoin, la divisa digital por excelencia. En ese año Alemania decidió darle valor a la criptomoneda al igualar el valor de Bitcoin a la inversión en oro y ahora se grava de manera diferente dependiendo del intercambio realizado. Por su parte ese año en Bélgica, el Banco Nacional belga adoptó Bitcoin como una moneda más de intercambio, sin oponerse a su uso dentro de su sistema financiero.El Servicio Federal de Finanzas Públicas de Bélgica ha eximido a Bitcoin del impuesto al valor agregado (IVA).

A pesar de que se le adelantaron algunos países de Europa, la Unión Europea (UE) en su conjunto, como organismo, también decidió tomar cartas en el asunto para intentar regular la situación de las criptomonedas, aunque aún no ha emitido ninguna decisión oficial sobre legalidad, aceptación o regulación. Y aunque tiene claro que estas divisas electrónicas podrían ser ventajosas como una alternativa al dinero tradicional, los dirigentes de la UE declararon que podrían ser usadas con otros fines ilegales como para financiar a grupos terroristas. Por ahora ya las han incluido en su normativa de blanqueo de capitales y se va a exigir la debida identificación de los clientes que las usen, creando una lista de individuos que hayan cometido en algún momento fraude financiero para evitar que las usen para inversiones o transacciones. El organismo europeo piensa en la posibilidad de crear una autoridad que vigile en exclusiva el buen funcionamiento de estas divisas digitales en Europa. Mientras, cada país tiene sus propias normas al respecto y mientras en Chipre las monedas digitales ni están controladas ni reguladas, en Reino Unido Bitcoin está bajo ciertas regulaciones fiscales. En Finlandia, la Junta Central de Impuestos ha otorgado a Bitcoin un estado de exención del impuesto al valor agregado al clasificarlo como un servicio financiero y no como una moneda.

En Latinoamérica el pionero en regulación es México que ha creado sus propias normativas. La Comisión Nacional Bancaria de Valores mexicana, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México en 2018 lanzaban conjuntamente la Ley Fintech para regular a las empresas que brindan servicios financieros mediante el uso e implementación de la tecnología, incluyendo crowdfunding, trading y compra-venta de activos virtuales, entre otros. La ley pretende prohibir actividades que puedan ser fraudulentas y velar por la confidencialidad de la información, con sanciones, delitos, multas, suspensiones y revocaciones para los que no cumplan con lo establecido por las autoridades.

Además, auditores externos independientes se encargarán de vigilar las cuentas de es - tas empresas que operen en México.

Canadá por su parte mantiene una postura amigable con algunas criptomonedas, en especial con Bitcoin, y considera que los intercambios con estos tokens son negocios de servicios monetarios. Bitcoin es visto como un producto por la Agencia de Ingresos de Canadá lo que significa que las transacciones con la moneda digital se consideran intercambios de trueque, y las ganancias generadas se consideran ingresos de negocios. La tributación depende de si la persona tiene un negocio de compra-venta o solo se preocupa por la inversión. Canadá garantiza además que las criptomonedas no se usen para el lavado de dinero.