Las alertas no dejan de sucederse en Bruselas sobre la situación fiscal de España y la consolidación presupuestaria realizada por el gobierno de Pedro Sánchez, pese a los vientos económicos de cola que todavía existían en 2018 y que han desaparecido este año. Empiezan a brillar las luces de emergencia ante un empeoramiento de la ralentización en el continente.

Hace unos días, la Comisión Europea respondía por carta al plan presupuestario de 2020 presentado por el Ministerio de Economía. Su vicepresidente, Valdis Dombrovskis, y el Comisario de Economía, Pierre Moscovici, firmaban una misiva en la que reprochaban un ajuste estructural del déficit mucho menor de lo recomendado mientras el gasto primario se dispara, con un crecimiento nominal que casi cuadruplica las indicaciones de Bruselas.

Su conclusión fue clara, el borrador presupuestario de España no está en línea con lo pactado al existir un “riesgo de desviación significativa” en 2020. Ahora, es el European Fiscal Board, un organismo independiente que aglutina las autoridades fiscales de los países de la UE, incluida la AIReF, la que también enmienda la política fiscal española.

En su informe anual sobre el año pasado, que repasa la evolución presupuestaria de los socios comunitarios y la política fiscal de la UE, el EFB critica la escasa reducción del déficit en España durante 2018 y cómo se ha llevado a cabo. “Ni el objetivo de déficit ni el esfuerzo estructural requerido se cumplieron en 2018”, recoge el documento destacando que España, podríamos decir, tuvo suerte porque salió del proceso de déficit excesivo gracias “a ingresos imprevistos”.

España es uno de los países más endeudados, su ratio deuda pública/PIB supera el 95%, pero aun así mostró, al igual que Francia o Bélgica, menos prudencia fiscal que otros socios comunitarios, “destinando esos ingresos mejores de lo esperado a gasto adicional” y no a corregir sus cuentas. El análisis demoledor podría resumirse con la amplia advertencia de la AIReF, perteneciente a la red del European Fiscal Bord, sobre el desaprovechamiento de los cinco años de “fuerte” crecimiento en un entorno de tipos “históricamente bajos”.

No es el único país donde se ha producido, de manera decidida o esquivando los toques de atención de Bruselas. El gobierno español, igual que el italiano, belga o danés, “sobreestimó el crecimiento del PIB nominal”, que estuvo “por debajo de las previsiones debido a un deflactor del PIB menor de lo esperado”. Y eso que se ha fiado a la expansión económica los mordiscos tanto al agujero presupuestario como al monto total de deuda pública.

Historia de un incumplimiento

El bloqueo político en el que vive España, con unos presupuestos prorrogados desde 2017, ha favorecido lo que la EFB considera por parte de Bruselas como una “excepción notable” con el país, ya que su presupuesto tenía un “equilibrio por debajo de lo esperado”. Estos reproches también a la Comisión Europea son similares a los que se pueden encontrar en el informe sobre la actitud con otros socios como Francia, Italia o Chipre. En todos ellos, sus cuentas públicas para el ejercicio 2018 contemplaban un desequilibrio “más alto que el de los objetivos establecidos en sus programas de estabilidad y convergencia de 2017”.

Es el Ecofin, el Consejo Europeo que reúne a los Ministros de Economía de toda la UE, el que aprueba los objetivos fijados a esos programas de estabilidad, después del análisis de la Comisión a las cuentas públicas y la situación fiscal de cada país, en el nivel de ejecución presupuestaria o de deuda pública. Socios como Italia o Portugal, pese a tener un déficit inferior que España, también está sujetos a la supervisión europea por sus elevados niveles de endeudamiento. Por eso se vigila su gasto primario, para comprobar si a lo largo de los años marchan por una senda de consolidación o se les exigen ajustes estructurales.

Bruselas, viene a decir la EBF, hizo caso omiso de sus propias recomendaciones, aprobadas por el Ecofin, lo que las convertía en exigencia formal. Es la aplicación inteligente o flexible del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que siempre ha defendido el presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, y su Comisario Moscovici. Una interpretación con otra cara de la moneda, positiva, ya que evitó la multa en 2016 a España y Portugal por no cumplir sus objetivos de reducción del déficit. Entonces, Bruselas perdonó a dos de los socios del euro que más estaban creciendo con una recomendación de sanción cero, un premio también a dos economías que habían aplicado fuertes recortes de gasto y subidas de impuesto durante los peores años de crisis.

A cambio, la Comisión exigió a España unos ajustes estructurales hasta 2018 de 10.000 millones de euros, que se han ido incumpliendo. Los presupuestos prorrogados impidieron la introducción de nuevas figuras impositivas como la Tasa Google o las subidas del IRPF. Y así, los ajustes por más de 6.000 millones de euros todavía se acumulan, como recuerda la Comisión en su última carta al mencionar ese ajuste estructural del 0,65% del PIB; aunque España, al bajar su déficit por debajo del 3%, ya no está en el brazo correctivo del Pacto de Estabilidad, sorteando la amenaza de multas.

La mano blanda de Bruselas no sólo beneficia a España. El European Fiscal Board reprocha a la Comisión Europea que “no propusiese medidas correctivas” para Italia “pese a la desviación significativa” de sus cuentas y “el no cumplimiento con el objetivo de deuda para 2018”.

Advertencias que parecen situar a este organismo en el bando europeo de los halcones de la austeridad fiscal. Todo lo contrario, porque en su mismo informe anual, la EBF pide una revisión de las reglas fiscales comunitarias, apuesta por favorecer las inversiones productivas para potenciar el crecimiento y quiere más margen para las políticas contra el cambio climático. Sólo parece estar poniendo la venda antes de la herida en países todavía cogidos con pinzas para afrontar una eventual crisis económica.