Tras cinco días de debates, discusiones y propuestas, los canales institucionales del Consejo Europeo, así como los de los diferentes gobiernos nacionales, acariciaban en la noche del lunes la posibilidad de anunciar por fin que la Unión Europea alcanzaba un acuerdo histórico. Pero, ¿qué ha pasado en Bruselas en este largo fin de semana que se pueda considerar histórico?

España, junto con Alemania, Francia e Italia defendieron desde el principio de la pandemia la creación de un fondo de transferencias que se pagara con deuda común. Eso significa que todos los países asumen el riesgo de tener que pagar el plan actual que, finalmente, estará dotado de 750.000 millones de euros, aunque se ha configurado de un modo distinto a como lo propuso la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen.

Los llamados países frugales, con Países Bajos a la cabeza, rechazaban unir su destino al de España e Italia, los más perjudicados por la pandemia. Sin embargo, la consecución de este acuerdo se ha alcanzado tras la cesión de todas las partes.

No serán 500.000 millones de euros en transferencias como propusieron Emmanuel Macron, Angela Merkel y von der Leyen, sino 390.000 millones. Lo que sí se hará es proporcionar estos fondos con rapidez: el 70% de los fondos se repartirán entre 2021 y 2022, y el 30% restante, en 2023. Los 360.000 millones que faltan hasta llegar hasta 750.000 millones se distribuirán en forma de préstamos.

Además del plan de recuperación, denominado Next Generation EU, los dirigentes europeos han acordado la cuantía del Marco Financiero Plurianual para los próximos 7 años, superior al billón de euros (1,074 billones). De ese modo, el presupuesto conjunto hasta 2027 alcanza 1,824 billones de euros, el 4,6% del PIB europeo de 2019. Esta cifra era impensable hace apenas unos meses, cuando los estados europeos negociaban si aumentar o no el presupuesto europeo hasta el 1,1% del PIB. Así, la deuda que suscribirá la Unión Europea en nombre de los estados miembros se extenderá hasta 2058.

Por su parte, el gobierno español ha valorado como un éxito la consecución del acuerdo. La propuesta inicial contemplaba que España recibiría 77.000 millones de euros a fondo perdido, más otros 63.000 millones de préstamos en los próximos seis años. Con el proyecto acordado, la cuantía de las transferencias desciende a 72.700 millones de euros, mientras que los créditos ascienden a 67.300 millones. En total, esta suma equivale al 11% del PIB de España.

Letra pequeña

Al igual que España e Italia se apuntan el tanto de haber impulsado y firmado un acuerdo histórico, los países más reticentes pueden presumir de imponer condiciones importantes. La distribución de los fondos se hará en base a planes nacionales de recuperación y resiliencia aplicables desde 2021 hasta 2023.

Dichos planes deben respetar las diferentes recomendaciones que se le han hecho a cada país, entre las que figura acelerar la transición ecológica y digital. Asimismo, se incluye un esfuerzo para el empleo que sirva para reforzar la capacidad de crecimiento y recuperación de cada país.

En ese sentido, España, como uno de los beneficiarios de los fondos, tendrán que presentar sus planes para un examen del Consejo Europeo en 2022. Si se cumple con las reformas que los líderes europeos consideran oportunas, se otorgarán los fondos, de lo contrario, la aplicación de la hoja de ruta puede ser objeto de debate en el siguiente Consejo Europeo. Esto es, un estado miembro puede revisar y estudiar las cuentas de los demás si considera que "hay desviaciones graves".

Además de ello, los dirigentes europeos han dado su visto bueno a la creación de nuevos recursos. En otras palabras, como adelantó DIRIGENTES, el pago de estos fondos se hará con nuevos impuestos. El primero de ellos se empezará a aplicar ya en 2021, que grava el uso de plástico. En suma, el año que viene se propondrán otros impuestos referentes a las emisiones de carbono y a las compañías digitales, que se prevé que entren en vigor en 2022.

Por otro lado, se propne la creación de otro impuesto sobre las transacciones financieras, como el que ya está en tramitación en España y se conoce como Tasa Tobin. Lo que se obtenga a partir de 2021 se utilizará para reembolsar los préstamos del plan de recuperación. De ese modo, los estados europeos no podrán contar con lo que recauden estos impuestos para sus propios presupuestos, sino que deberán ser reembolsados a la Unión Europea.