La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha hecho público esta mañana su informe sobre la nueva senda presupuestaria del Gobierno y el cumplimiento de objetivos de déficit, deuda y gasto público de las distintas administraciones públicas.

Entre sus conclusiones, cabe destacar que esta institución presidida por José Luis Escrivá ha advertido de riesgos de incumplimiento de la regla de gasto en 13 autonomías, especialmente en Andalucía, Baleares, Madrid y Cantabria. Así, AIReF prevé que sólo Castilla y León, La Rioja, Aragón y Canarias tienen posibilidades de cumplir con la normativa.

Respecto a los objetivos de estabilidad, la AIReF mantiene sus previsiones, augurando que sólo Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia se desviarán de la meta de déficit del 0,4% del PIB fijado para este año y que algunas incluso podrían cerrar el año una décima por debajo de su objetivo.

En lo que respecta a la administración estatal, la AIReF coincide con el Gobierno en su previsión de que no se cumplirá el objetivo de déficit para este año, fijado en el 2,2% del PIB. Así, el organismo prevé, al igual que el Ejecutivo, que el dato cierre el ejercicio en el 2,7%, fenómeno que atribuye al rescate de las cajas de ahorros y de las autopistas, que cuantifica en un 1,5% del PIB, más del doble de lo previsto inicialmente.

Desglosando estas cifras, la Autoridad destaca el alza en los pagos a cargo del Fondo de Garantía de Depósitos para la liquidación de los Esquemas de Protección de Activos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y de Unim, que valora en 1.700 millones de euros. Además, añade a este sobrecoste la responsabilidad patrimonial del Estado por el rescate de las autopistas de peaje, además del volumen de gasto que implican los Presupuestos para 2018, que incluyen la subida del salarios públicos y el desembolso para financiar las pensiones.

Además, la AIReF destaca que algunos impuestos han rendido peor de lo esperado, como el IVA o el de Sociedades, aunque prevé que la administración central consiga su objetivo de ingresos debido a un incremento en los fondos europeos. Por su parte, vincula el déficit en los Fondos de la Seguridad Social a la revalorización de las pensiones, debido a que las cotizaciones no compensan el aumento del gasto, lo que ha motivado la concesión de un crédito estatal.

En el caso de los ayuntamientos, la Autoridad ve factible tanto el cumplimiento de su objetivo de estabilidad de 2018 como el mantenimiento del superávit que ha cosechado en años anteriores, en torno al 0,6%.

Este documento se ha conocido después de que esta institución adelantase el pasado 13 de julio que prevé en 2019 una desviación al alza de cuatro décimas respecto al objetivo de déficit público, fijado en el 1,8 % del PIB. Además, esta semana los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019 comienzan su tramitación en el Congreso de los Diputados y el Senado, con el debate y votación de los objetivos de estabilidad presupuestaria aprobados por el Consejo de Ministros el pasado viernes junto al límite de gasto no financiero.

Este trámite parlamentario se prevé complejo, ya que el Gobierno en minoría presidido por Pedro Sánchez debe hacer valer sus apoyos y acuerdos con otras fuerzas parlamentarias para paliar la representación del PSOE en la cámara baja, donde cuenta con 84 diputados y necesita 92 votos favorables más para poder aprobar sus cuentas públicas.