Un año después del referéndum de independencia de Cataluña del 1 de octubre, también conocido como 1-O, muchas han sido las empresas que han trasladado su sede social a otros puntos de la geografía española. Desde ese día, un total de 3.854 compañías se han mudado, según lo reflejan los datos del “Estudio sobre Cambios de Domicilio” publicado por INFORMA D&B SAU.

En lo que respecta al destino de las empresas que salen de Cataluña, Madrid es el principal beneficiado por estos movimientos. En la comunidad, se han ubicado 2.344 empresas, o lo que es lo mismo, el 61% de las que se marcharon. Tras la capital, las siguientes ciudades que más empresas han acogido son Valencia con el 10% (401 empresas) y Aragón con un 7% (279 empresas). En este sentido, la facturación de estas empresas que abandonan Cataluña se cifra en 83.000 millones de euros.

Por otro lado, los destinos menos elegidos para efectuar los traslados de sede son Cantabria con 19, Asturias con 15 y Ceuta solo una.

Ese proceso de mudanza cuando mayor movimiento ha tenido ha sido durante los meses de diciembre de 2017 y enero de 2018, en las que se registraron, 813 y 863 salidas, respectivamente. Tras esos meses los cambios de sedes han ido decreciendo hasta mayo que se experimentó un repunte para volver a tomar la tendencia a disminuir posteriormente. No obstante, en el mes de septiembre, han vuelto a incrementarse hasta 83.

Si se tiene en cuenta el saldo neto entre las salidas y entradas de empresas en la comunidad, Cataluña continúa en números rojos, sumando 3.422 menos desde el uno de octubre de 2017 y 57 menos solo en el mes de septiembre. Por el contrario, se mantiene en positivo con 70 más este mes y 2.400 desde octubre del pasado año.

En cuanto a la facturación de todas las firmas que salieron de Cataluña, hasta el 30 de septiembre, ascendía a un importe de 83.259.358 millones de euros. De estos ingresos, el 78,05% provenían de Madrid, el 15,60% de la Comunidad Valenciana, el 2,28% de Aragón, el 1,06% de Baleares y el 1,04% de Andalucía. El resto, hasta completar el cien por cien, se reparte entre el resto de comunidades autónomas con porcentajes inferiores al 1%.