A pesar del “escenario de alta incertidumbre” que describe el Gobierno, los diferentes ministros se empeñan en insuflar optimismo sobre las posibilidades de la economía española. La expresión es de Nadia Calviño, vicepresidenta de Asuntos Económicos, quien habla de una contracción económica “de una intensidad no vista en tiempos de paz”.

En un foro organizado por el Consejo General de Economistas celebrado ayer, Calviño transmitió que la actividad económica en España ha superado el peor momento de la crisis. “La economía se está comportando como preveíamos y se observa un cambio de tendencia desde que terminó la hibernación”, asegura la vicepresidenta. A pesar de ello, Calviño afirma que “aún quedan algunos sectores pendientes de iniciar esa remontada” que son, precisamente, los que tienen un mayor peso en la caída de la actividad en España.

Según dice la responsable económica del Gobierno, en las últimas semanas se ha producido “una cierta recuperación de la actividad económica y del empleo”. De ese modo, expone diversas condiciones para que la recuperación fructifique: “Todo apunta a que si la desescalada continúa por la misma senda y progresamos en el control de la epidemia, si cambia la tendencia negativa de la economía mundial, la economía española seguirá recuperándose paulatinamente a partir de ahora con un perfil de V asimétrica”. Además, desde el Gobierno se espera una tasa de crecimiento “importante” el año que viene.

Calviño asegura que durante las últimas semanas ha habido una “recuperación de parte del empleo perdido desde marzo”. Asimismo, según la vicepresidenta, se ha registrado un importante regreso de los trabajadores afectados por ERTEs.

En cuanto a la recuperación de los puestos de trabajo congelados por ERTEs, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá, afirma que el retorno se ha diseñado “sutilmente”, y que ello ha resultado en una recepción favorable de los agentes sociales, sobre todo de la patronal. En una intervención en un evento online de Nueva Economía Fórum, Escrivá explicó que esta estructuración es de las más innovadoras de Europa.

En particular, alude a las exoneraciones de cotizaciones sociales de los trabajadores que se incorporen antes del 30 de junio, un plazo que podría extenderse para los sectores más afectados, como son el turismo, el transporte o el comercio. Según el acuerdo firmado con los agentes sociales, las empresas con menos de 50 trabajadores se beneficiaron de una exoneración del 85% del pago para los trabajadores que se reincorporaron en mayo, mientras que si recuperan su puesto en junio, este porcentaje alcanza el 70%. Por su parte, las exoneraciones para las empresas con más de 50 trabajadores son del 60% en mayo, y del 45% en junio.

Aun así, Escrivá avisa de que España tendrá que presentar proyectos serios a la Unión Europea para recibir los fondos que ha dispuesto la Comisión Europea. “Al que te financia tienes que presentarle proyectos solventes que se adecúen a las prioridades establecidas”, afirma, en respuesta a la cuestión de cómo de duras serán las exigencias europeas para acceder a la financiación. No obstante, Escrivá se muestra optimista y descarta unas imposiciones como las que se produjeron en 2012, con la intervención de Portugal y Grecia.

“Esta crisis no tiene nada que ver con la crisis anterior”, asegura Escrivá, por el hecho de que en aquel momento la deuda pública se tambaleó y se llegó a dudar de la solvencia de los países más débiles. Ahora, el ministro explica que “la percepción de solvencia es absoluta”, por lo que no cree que se vayan a tomar medidas como la rebaja de las pensiones que si se produjeron en otros países. En principio, Escrivá confía en que se pueda acercar la edad efectiva de jubilación, en torno a 63 años, a la que marca el mínimo, ahora establecido en 67 años: “Si lo conseguimos, podemos abordar el futuro con mucha tranquilidad”.

Rechaza las críticas sobre el IMV

El ministro Escrivá es crítico con quienes dudan de la eficacia del Ingreso Mínimo Vital y, sobre todo, con quienes afirman que puede suponer un desincentivo para la búsqueda de empleo. Cree que afirmaciones como estas demuestran “un bajo conocimiento de lo que son estas prestaciones”, y que están “poco informadas”, por lo que recomienda que “debería haber juicios más prudentes”.

En ese sentido, el responsable de esta medida explica que está diseñada para complementar los ingresos de las personas que reciban la prestación, en referencia a los casos en los que haya un aumento de la renta fruto del desempeño de un trabajo. “Los análisis más rigurosos ponen de manifiesto que un ingreso mínimo genera un incentivo”, asegura Escrivá, y pone de ejemplo los países nórdicos, donde este tipo de medidas ya funcionan y es “donde mejor funciona el mercado de trabajo”.

Desde su punto de vista, la clave está en “perseguir el fraude, con eficacia e intensidad”, de modo que se consiga aflorar economía sumergida. De todos modos, Escrivá cree que rechazar esta medida por la posibilidad de que haya fraude “es como decir que no vamos a tener impuestos porque hay defraudadores”.