El Ejecutivo parece tener claro que los salarios no van en consonancia con la creciente subida de la inflación. Para este ejercicio, el gobierno de Pedro Sánchez estima una escasa subida en los sueldos del sector privado y aplica el mismo baremo para las pensiones, que estarán ligadas al IPC, como viene sucediendo desde el […]
NacionalDirigentes Digital
| 19 abr 2022
El Ejecutivo parece tener claro que los salarios no van en consonancia con la creciente subida de la inflación. Para este ejercicio, el gobierno de Pedro Sánchez estima una escasa subida en los sueldos del sector privado y aplica el mismo baremo para las pensiones, que estarán ligadas al IPC, como viene sucediendo desde el 2021.
El recurrente ‘pacto de rentas’, siempre a punto en los momentos de alta inflación, vuelve a ser la baza del Gobierno para intentar moderar la preocupante situación que sufren tanto precios del mercado como salarios. Una situación que el propio Pedro Sánchez ha achacado al diálogo que mantienen sobre la mesa patronal y sindicatos, y del que depende la revalorización del sueldo de los funcionarios.
“No solo se tiene que hablar de salarios, también se tiene que hablar de dividendos, de reparto de beneficios por parte de grandes empresas, y en función de ello, veremos cuál es la evolución y la negociación que se articula respecto a los trabajadores públicos”, declaraba el Presidente del Gobierno en una entrevista concedida televisión a principios de esta semana.
Sin embargo, la actual situación no parece esclarecer una solución próxima puesto que, la CEOE se niega a acceder a la propuesta planteada por UGT y CCOO de cara al 2022, 2023 y 2024 en donde se propone sanar la crisis del país durante este año.
Si, tal y como indicaba el jefe de Gobierno, la evolución de los salarios públicos depende de la negociación colectiva del ámbito privado, se estaría hablando de una subida de los sueldos muy inferior a lo previsto para la inflación media en este año. Un 7,5% frente al 2%, pero con previsión de que el shock inflacionario que se está viviendo se reduzca progresivamente en 2023 hasta un 2% y en 2024 hasta un 1,8%.
Al aumentar los salarios públicos por encima de los del sector privado, los trabajadores pertenecientes a la empresa privada se opondrían a revalorizar nominalmente sus ingresos inferiores a los trabajadores públicos. Si los salarios de estos aumentaran potencialmente, los empresarios actuarían de la misma manera con los precios, para mantener de este modo sus ganancias y, por tanto, momento en el cual, la inflación se dispararía.
Vincular la subida salarial pública con la privada puede considerarse una vía de escape o alternativa coherente para tener en cuenta las declaraciones del Presidente de Gobierno. Sin embargo, existe otro gran protagonista en cuanto a tributos salariales en España: las pensiones.
El pacto nacional de rentas excluye todas aquellas pensiones de los españoles desde que, en el año 2021, los partidos políticos en el poder, PSOE y Podemos, decidieran indexarlas al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Resulta paradójico que las pensiones, las cuales provienen de la cotización salarial de los trabajadores, no formen parte de este acuerdo institucional cuando ellas dependen exclusivamente de la contribución de los trabajadores, a los que sí se les exige formar parte de este pacto de rentas.
Es difícil imaginar este acuerdo, o cualquier otro futuro que se plantee, mientras la inflación se mantenga a unos niveles no vistos desde 1986. Si el Gobierno pretende acercar posturas entre patronal y sindicatos para conseguir este pacto de rentas, mirando a unos años futuros incluso, se deberá, como mínimo, pactar la subida salarial del próximo año cuando el IPC se estima que haya caído.
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