Es vasco, relativamente joven y decidido a ayudar a una España moderna que vive varias crisis a la vez: Antonio Garamendi tomó las riendas de la CEOE en 2018. Desde entonces ha vivido todo tipo de situaciones – la inestabilidad política, la pandemia, distintas catástrofes naturales y, ahora, la situación de la guerra de Rusia. Su padre, Rafael Garamendi Aldecoa, fue presidente de la naviera Marítima del Nervión y consejero en industrias como Tubos Reunidos y Aldecoa. Licenciado en Derecho, se dedicó desde muy joven al mundo empresarial. Desde el inicio de la crisis provocada por la COVID-19 las tres partes del diálogo social han cerrado una docena de acuerdos, desde el relativo a los ERTE hasta la primera parte de la reforma de las pensiones, la Ley Rider o este último sobre el mercado laboral. En una entrevista exclusiva con Dirigentes explica cómo España está cambiando el papel de la CEOE en este proceso.

¿Cómo valoran el pacto sobre el mercado laboral? ¿Qué más falta por hacer?

Cerramos a finales del año pasado un acuerdo con Gobierno y sindicatos en la mesa de Diálogo Social para la modernización del mercado laboral que avanza en uno de los aspectos en los que, desde Europa, se nos invitaba a trabajar: mejorar la temporalidad existente. Temporalidad, que no es igual que precariedad. Así, el pacto continúa impulsando la estabilidad en el empleo, a través de la figura del fijo-discontinuo, por ejemplo. Y creo que asegura la libertad de la empresa, que supone estabilidad y seguridad jurídica después de meses de incertidumbre en esta materia, que contribuye a mejorar el clima de entendimiento y que aporta certezas de cara al exterior, confianza para los inversores extranjeros. España no es, de lejos, el país en el que más tributan empresas y empleados. ¿Por qué siempre se persigue esa estrategia de bajar impuestos? Le doy dos datos del informe de competitividad fiscal del Instituto de Estudios Económicos y la Tax Foundation: España está un 12,8% por encima de la media de la UE en presión fiscal normativa, es decir, en la carga de gravamen que soporta la economía con independencia de la recaudación que se obtenga; y el esfuerzo fiscal en España (presión fiscal ajustada por renta per cápita) es un 8,1% superior al de la media de la Unión. ¿Por qué se recauda menos en España que en otros países si estos son los datos? Por el impacto de la economía sumergida que aquí está 9 puntos por encima de la UE. La economía sumergida supone, al final, que tienen que pagar más los que sí cumplen las normas. Reduciendo la economía sumergida a niveles similares a los del resto de la UE, la recaudación tributaria podría llegar a aumentar más de 4 puntos del PIB sin necesidad de subir los impuestos. Por eso nosotros apostamos por reforzar la lucha contra el fraude fiscal y por impulsar una fiscalidad más atractiva, con menores impuestos, que favorezca la llegada de empresas, inversiones y talento. Con más inversiones y mayor crecimiento económico, al final, se generan más ingresos y el Estado puede financiar el gasto público con menor esfuerzo y endeudamiento.

¿Por qué cuesta tanto establecer un sistema de formación dual efectivo para hacer descender el paro estructural de los jóvenes en España?

Tenemos una tasa de paro juvenil altísima, uno de los grandes problemas de nuestra economía, y que es algo que nos preocupa enormemente. Sin embargo, más de la mitad de las empresas tiene dificultad para encontrar trabajadores con la formación adecuada para atender necesidades vinculadas, por ejemplo, con las nuevas tecnologías. Para resolver este desajuste, ciertamente el tema de la formación es fundamental. Hay que mejorar las competencias profesionales de las personas trabajadoras. Y una de las herramientas es, sin duda, la formación dual, que es una buena puerta de entrada al mercado laboral. Llevamos tiempo trabajando con el Gobierno en esta materia, la recién aprobada Ley de Formación Profesional es un paso adelante y esperamos poder seguir avanzando en esta línea en el desarrollo normativo posterior.

¿Qué responsabilidad tienen las empresas en que haya una tasa de paro tan alta en España en comparación con el resto de Europa?

La alta tasa de paro en España se explica, principalmente, por la elevada rigidez de la regulación de nuestro mercado laboral. Porque el mercado laboral español se caracteriza por tener un mayor número de disfunciones en comparación con otras economías avanzadas: una alta tasa de paro, superior a la de cualquier otro país de la OCDE; una insensibilidad a corto plazo en situaciones de crisis, lo que aumenta la vulnerabilidad del empleo al ciclo económico; elevados costes de despido; excesiva judicialización; insuficiente capacidad de adaptación de la negociación colectiva a las necesidades de la empresa; o cambios continuos que provocan una elevada incertidumbre regulatoria. La reforma laboral de 2012 fue beneficiosa e introdujo dosis de flexibilidad que han facilitado la creación de empleo. Por eso, en el reciente acuerdo que hemos alcanzado hemos trabajado para mantener intactos los mecanismos de flexibilidad interna que garantizan la adaptabilidad de las empresas a las circunstancias.

Y, ciertamente, creo que el papel de CEOE va a ser cada vez más clave en un contexto como el actual. Hemos demostrado que actuamos con independencia, lealtad institucional, responsabilidad y sentido de Estado, buscando lo que entendemos que es mejor para el tejido empresarial y, también, para el conjunto del país. En un momento en el que, en muchas ocasiones, lo que prima en política es la trinchera y la crispación, considero que es un valor poder ofrecer racionalidad y moderación.

En este sentido, las medidas contenidas en el recientemente aprobado proyecto de Ley del Ecosistema de las Empresas Emergentes (Ley de Startups), ahora en tramitación parlamentaria, van en el buen sentido ya que establece un marco fiscal muy favorable para estas empresas, sus inversores e, incluso, sus trabajadores. Además, la norma reduce cargas administrativas. Lo que nos gustaría es que este tipo de medidas sea la norma para todas las empresas y no la excepción.

¿Cuáles cree usted que serán los sectores más importantes para España en los próximos diez años?

Esta transformación debe venir marcada por la digitalización y por la transición ‘verde’ o de sostenibilidad, dos fenómenos que son imparables a nivel global y que debemos convertir en oportunidades de crecimiento, de creación de empleo y de negocio. De la misma manera, tenemos que llevar a cabo una apuesta seria por una educación y una formación que tengan como horizonte la empleabilidad y respondan a las nuevas necesidades del mercado de trabajo. Y promover una reindustrialización, con un componente importante de innovación. Porque esta crisis ha demostrado que las regiones con un mayor peso de la industria han resistido mejor a la hora de mantener el empleo y de poder seguir creciendo.

Por ahí es por donde creo que debemos transitar la próxima década, en un proceso de cambio en el que las empresas debemos tener un papel fundamental. Dicho esto, también habrá que ver cuáles son las consecuencias a medio y largo plazo que van a tener la guerra de Rusia con Ucrania y las sanciones impuestas. Porque esta nueva situación puede introducir cambios en las prioridades que había hasta ahora.

¿Cómo impacta la inflación y las distintas crisis que estamos viviendo?¿Qué solución proponen?

Este año se había iniciado con un escenario global de alta inflación, un endurecimiento de la política monetaria por parte de los bancos centrales y todavía con ciertas limitaciones por parte de los gobiernos para tratar de frenar la última ola de la pandemia. Un arranque de año marcado por la incertidumbre y en el que, todavía, no todos los sectores se habían podido recuperar de los efectos provocados el COVID-19. A esto se añade, de repente, la invasión de Ucrania por parte de Rusia y las sanciones. El impacto de esta guerra en España se está produciendo, sobre todo, por el encarecimiento de los productos energéticos y de los costes de producción. Y esto se traduce en una inflación con tasas muy elevadas, al menos, durante los próximos meses, una ralentización en la ejecución de los fondos europeos y un menor crecimiento del PIB que el previsto inicialmente.

En esta situación, con sectores y empresas (sobre todo las más pequeñas) que lo están pasando muy mal, resulta imprescindible un paquete de medidas y ayudas por parte del Gobierno. Como ha sucedido con la pandemia y como lo están haciendo los gobiernos del resto de países de nuestro entorno. Lo que pedimos las empresas en España no es algo excepcional, está ocurriendo en todos los países. Necesitamos medidas rápidas, concretas y efectivas para reconducir la nueva situación que se ha generado y volver a la senda de la recuperación y la confianza.

¿Qué importancia tienen, en este contexto, los fondos Next Generation EU?

Precisamente, los fondos europeos Next Generation EU tienen que ser fundamentales para acelerar esa transformación de nuestra economía que le decía. Son más de 140.000 millones de euros que podríamos decir que constituyen el primer Plan Marshall para España. Estamos ante una oportunidad histórica que debemos aprovechar con inteligencia. Por eso, es necesario que los fondos se gestionen de manera rápida y eficaz, con transparencia y reduciendo al máximo las barreras burocráticas. Porque ya hemos detectado que la coordinación entre las distintas Administraciones Públicas es uno de los cuellos de botella para agilizar la llegada de los fondos a la economía real. Son fondos que van a movilizar fuertes inversiones por parte del sector privado y ahí que lo que las empresas necesitamos es un marco que garantice seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de la norma.