El grupo constructor ha pasado al punto de mira de la Justicia por supuestos "delitos de corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales", que la Audiencia Nacional cifra en 82 millones.

Estas actividades tendrían la finalidad de obtener la adjudicación de las líneas del metro y la Ciudad de la Salud de Panamá.

Según informa la propia Audiencia Nacional, fue la Fiscalía Anticorrupción quien solicitó la imputación de la empresa constructora, sobre sus filiales FCC Construcción, FCC Construcción Centroamérica y FCC Construcciones Hospitalarias.

El juez encargado del caso cuestiona si los diferentes dirigentes de FCC "actuaron desviadamente durante 4 años, periodo temporal en el que se comprometió el pago de más de 82 millones de euros".

La imputación se remonta a 2017, el momento en que la multinacional brasileña Odebrecht inició una querella contra su rival española. Los hechos acerca de los que se investiga a FCC habrían tenido lugar entre 2009 y 2015.

Así, hace dos años la compañía brasileña presentó una querella por dichos delitos, blanqueo de capitales, además de cohecho y organización criminal.

En su escrito, el juez Ismael Moreno también observa indicios de facturas infladas, además de la falta de protocolo por parte de FCC para frenar y sancionar estos procedimientos delictivos.

Precisamente el grupo anunció en febrero la finalización de la línea 2 del metro de Panamá. En el caso del metro, el proyecto supuso una adjudicación de 1.000 millones de euros, mientras que en el caso de la Ciudad de la Salud, alcanzó los 440 millones.