Exceltur, el lobby turístico que agrupa las principales empresas del sector, se ha mostrado tajante. En su última actualización sobre el escenario de resultados para la temporada de verano y cierre de año, en los que ha incluido el impacto sobre la actividad y el empleo de la COVID-19, proyecta una caída de los ingresos superior a los 83.000 millones, con la consecuente repercusión en el empleo.

Esta cifra se desglosa entre los 43.000 millones perdidos desde el inicio del estado de alarma hasta este mes de junio y lo que se deje de ingresar entre el tercer trimestre (28.000 millones) y el cuarto trimestre (12.000 millones).

Se trata de una mejora de un 10% con respecto al último escenario central que habían previsto, pero deja entrever que se trata del sector “más vulnerable” y “dañado” de toda la economía española, con un descenso de los ingresos del 54% con respecto a 2019. En este sentido, le atribuyen más de la mitad de la caída de 11,6 % del PIB estimado por el Banco de España para este ejercicio. Exceltur ha calculado estos datos en base a la información de ventas y visibilidad de reservas disponibles de diferentes subsectores como el mercado aéreo, de alojamiento o de distribución, entre otros.

“La situación exige abordar un urgente y muy potente plan de medidas transversales de apoyo y eventual rescate del sector por parte del Gobierno, con fondos propios y de Bruselas, para asegurar la mayor supervivencia del tejido turístico empresarial y del mejor empleo a finales de año”, comentan. Entre el 15 de marzo y el 30 de junio más de 1,4 millones de trabajadores del sector se han visto afectados por la pandemia, con 1,1 millones en ERTE y 300.000 sin empleo. De confirmarse las expectativas de evolución de la demanda, más de 725.000 personas se verán perjudicadas este año.

En este contexto de “arranque tardío de la temporada de verano”, critican la “falta de consistencia para estimular la demanda interna”, a través de la movilidad turística entre comunidades autónomas que estuvieran en fases similares antes de finalizar el estado de alarma. “Se acusan múltiples incertidumbres, restricciones y mensajes equívocos, que en las últimas semanas han condicionado las decisiones de una demanda extranjera, derivándose hacia otros países más abiertos”.  

Por este motivo, en el documento detallan una batería de medidas que deberían ponerse en marcha en España, en línea con las decisiones tomadas en países del entorno como Francia, Portugal, Grecia o Italia. Entre ellas, destacan la apertura de fronteras para el espacio Schengen desde el próximo 1 de julio, y lo antes posible para el largo radio; la flexibilización y extensión de los ERTE hasta diciembre, así como la supresión de los pagos fraccionados o adelantos mínimos del impuesto de sociedades de 2020. También reclaman una asignación del 25% de los 140.000 millones de euros que corresponden a España procedentes del plan de reconstrucción o el impulso de una campaña de comunicación que venda seguridad y acogida turística. “La sociedad española se juega en este envite el poder mantener más de un millón de empleos y miles de empresas en muchos destinos, que además sufren la carencia de actividades económicas alternativas para colectivos con dificultades de empleabilidad, lo que agravaría la situación de emergencia social en lo que queda de año”, argumentan.