Cada fecha límite en el calendario proporciona una nueva oportunidad para postergar una decisión y ganar algo más de tiempo. El Gobierno y, en especial, sus ministros económicos, han sabido estrujar para su beneficio cada fecha tope, de manera que puedan contar con más tiempo para preparar la normativa en cuestión.

En enero, el Gobierno tuvo que enviar una serie de fichas -según algunos medios fueron un total de 30- en las que se esbozan las reformas que se proponen. Bruselas, por su parte, se limitó a decir por entonces que esos planes iban por el buen camino pero que necesitaban más trabajo y concreción. No obstante, desde las instituciones comunitarias se marca abril como el plazo para que esas propuestas se conviertan en proyectos sólidos.

El Ejecutivo ha acometido reformas referentes al teletrabajo y a la igualdad, demandadas por la Comisión Europea, pero aún quedan algunas pendientes de negociar con la patronal y los sindicatos. Según informó El País, estas modificaciones tienen objetivos diversos, como por ejemplo luchar contra la temporalidad imponiendo un cerco más estrecho a las contrataciones eventuales.

Otra de ellas tiene que ver con la introducción de un modelo de ERTE permanente. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dio pistas de cómo se estructuraría esta nueva herramienta, orientada sobre todo a la readaptación de los trabajadores que se hallan en sectores económicos en decadencia.

Desde 2012, la última reforma laboral estableció que el convenio sectorial prevalezca sobre el de empresa, a lo que se quiere dar la vuelta en la nueva legislación. Asimismo, se quiere legislar el trabajo para las plataformas digitales, sobre todo en lo que concierne a los autónomos que trabajan para una empresa de este tipo.

Las negociaciones para este último propósito están en marcha pero se mantiene una total discreción con respecto a su conclusión, si bien se espera que se alcance pronto un acuerdo entre patronal, sindicatos y Ministerio de Trabajo. Según explicó el secretario de Estado de Empleo a principios de semana, ese momento podría llegar de forma inminente.

Lo que sí ha trascendido desde el Diálogo Social es que no hay una propuesta del Gobierno a los agentes sociales acerca de los demás puntos que afectarían a la legislación laboral. Además de eso, fuentes conocedoras de las negociaciones afirman a DIRIGENTES que el inicio de estas conversaciones podría darse cuando se lance la nueva 'ley rider'.

El Gobierno consiguió en enero que las propuestas fueran lo suficientemente ambiguas como para no tener que presentar un plan exhaustivo de reformas el mes que viene. De hecho, esto es lo que esperan los negociadores del Diálogo Social: da la sensación de que abril no sería una fecha límite para que se alcance un acuerdo sobre las cuestiones que se explican en este artículo, más allá del próximo consenso con las plataformas digitales.

Por lo tanto, la pretensión es que para Bruselas pueda ser suficiente con una mera declaración de intenciones y que, después de eso, patronal, sindicatos y Gobierno tengan el tiempo suficiente para alcanzar un pacto concreto sobre la actual regulación laboral.