El informe de Situación España confirma que el crecimiento del PIB en la primera mitad de 2018 presentó una peor evolución de la que se estimaba. La reciente revisión del INE de los datos de Cuentas Nacionales mostró que durante el primer trimestre del año el avance del PIB habría sido una décima inferior a lo inicialmente avanzado (0,6% vs. 0,7%). Adicionalmente, a pesar del fuerte crecimiento del empleo, el aumento del PIB durante el segundo trimestre de 2018 estuvo dos décimas por debajo de lo estimado por BBVA Research (0,6% frente a 0,8%). Lo anterior explica la revisión a la baja en el crecimiento esperado para el promedio del año desde el 2,9% al 2,6%. Una rebaja que proviene de un menor incremento del consumo privado, así como de las exportaciones de bienes y de los flujos turísticos.

Así, se prevé la consolidación de un entorno de menor crecimiento de la economía española respecto a años anteriores. En particular, se observa una moderación del consumo privado, ya que la demanda embalsada parece haberse agotado, y también porque durante los dos últimos años, el gasto de las familias ha crecido por encima de lo consistente con el ritmo de recuperación de variables como su renta disponible y su riqueza.

La incertidumbre se mantiene elevada

Según el servicio de estudios de BBVA Research, la incertidumbre respecto al ritmo de crecimiento aumenta, tanto a nivel global como en España. El aumento de los conflictos comerciales entre algunas de las principales economías del mundo pone en riesgo la globalización como mecanismo de generación de riqueza, y podría estar ya teniendo efectos negativos sobre la inversión y el crecimiento. Entre ellos está la probabilidad, en aumento, de que no se alcance un acuerdo sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y que la Reserva Federal de los EE.UU. continúe aumentando el tipo de interés de referencia en dólares.

Con respecto a España, BBVA Research destaca que, aunque los efectos de contagio son reducidos en términos comerciales, es necesario reducir la incertidumbre sobre las medidas que se implementarán durante los próximos años, dada la desaceleración que muestra la economía, los elevados desequilibrios que aún persisten y un entorno externo cada vez más vulnerable. Si bien, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2018 ayudó a reducir la incertidumbre sobre las políticas que se implementarían en el corto plazo, persisten las dudas sobre la aprobación de los PGE 2019, así como sobre el contexto político en Cataluña.

Las previsiones no serán suficientes para el cumplimiento del déficit

El servicio de estudios de BBVA Research prevé que, con la información disponible de ejecución presupuestaria hasta julio de 2018, la recuperación de la actividad económica estaría impulsando la recaudación tributaria de forma algo más moderada a lo esperado a comienzos de año. Por su parte, el gasto público ha acelerado ligeramente su crecimiento, impulsado por las medidas expansivas aprobadas en los PGE 2018, que se están reflejando, fundamentalmente, en la remuneración de asalariados, las prestaciones sociales y, sobre todo, en el gasto de inversión.

En un escenario de crecimiento algo más moderado que el previsto hace tres meses, la corrección cíclica del desequilibrio fiscal se situaría en torno a cuatro décimas del PIB en 2018. Sin embargo, las medidas discrecionales aprobadas durante el presente año compensarán buena parte de esa mejora cíclica y, como resultado, el déficit del conjunto de las administraciones públicas se reducirá tan solo dos décimas, hasta el 2,8% del PIB. Para 2019, en un escenario sin cambios en la política fiscal, se espera una nueva corrección cíclica de las cuentas públicas hasta el 2,2% del PIB.

De cumplirse el escenario planteado por BBVA Research para 2018, sería necesario adoptar medidas fiscales adicionales por un importe equivalente a cuatro décimas del PIB para reducir el déficit hasta el entorno del 1,8% del PIB durante el siguiente año. En este sentido, lo recomendable para disminuir el desequilibrio en las cuentas públicas sería la identificación de gasto ineficiente y su eliminación. Si fuera necesario incrementar la carga fiscal, deberían seguirse criterios de eficiencia que limitaran el impacto negativo en la actividad, particularmente sobre el empleo.