El Gobierno ultima un Proyecto de Ley destinado a regular la protección de los informantes sobre casos de corrupción. En concreto, sobre infracciones que vulneren el ordenamiento europeo y nacional. Se trata de una trasposición de la Directiva Whistleblowing de la Unión Europea, aprobada a finales de 2019, que busca combatir prácticas ilegales tanto en la esfera pública como en la privada. 

La ministra de Justicia, Pilar Llop, anunciaba a mediados de septiembre que este texto, que se integra en el IV Plan de Gobierno Abierto 2020-2024, ofrece una protección “real y efectiva” ante todo tipo de represalia. 

La titular de Justicia aclaraba en rueda de prensa del Consejo de Ministros que la nueva iniciativa legal incluirá dos cauces: uno interno, que deberán incorporar una serie de organizaciones; y uno externo, para comunicar la infracción directamente a la autoridad administrativa. 

En relación con la comunicación interna, el Proyecto de Ley establece la obligación de disponer de canales de denuncia a todas las empresas de más de 50 trabajadores. Además, también afecta a partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, fundaciones que reciban fondos públicos y municipios de más de 10.000 habitantes (los que no pasen este umbral poblacional pueden compartir medios con otros consistorios o usar los de entidades supramunicipales).

Todas estas instituciones y organizaciones deberán tener el canal activo antes de septiembre de 2023, cuando se cumplen cuatro años de la aprobación de la Directiva en Bruselas. Estas nuevas vías de comunicación, que permiten formular informaciones de manera anónima, no sustituirán a las ya existentes (el Tribunal Supremo contempló en una sentencia de febrero de 2020 las denuncias anónimas a empresas por la vía penal).

Así, los informantes podrán denunciar delitos como blanqueo de capitales, fraudes y estafas, evasión o elusión fiscal, casos de corrupción dentro de la propia organización o irregularidades con la Seguridad Social o la Agencia Tributaria. 

Régimen sancionador y excepciones

Las acciones que limiten derechos y garantías contenidos en la ley y aquellas destinadas a obstaculizar las comunicaciones de las informaciones contarán con sanciones de entre 1.001 y 300.000 euros para personas físicas; y de entre 10.001 y 1 millón de euros, para personas jurídicas. En el caso de tratarse de una información errónea, se penará la comunicación pública de este tipo de acciones a sabiendas de su falsedad. 

Además, las empresas que incurran en estas prácticas denunciables no podrán obtener subvenciones, contratar con la administración pública, ni obtener beneficios fiscales.

Entre las excepciones al tipo de informaciones que se pueden denunciar, se encuentra la información clasificada, las que afectan al deber de confidencialidad de médicos, abogados y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, entre otras.