El panorama económico actual no es muy alentador y las perspectivas de recuperación se avistan en un horizonte lejano. La acumulación de deudas y la insolvencia son algunas de las principales consecuencias que la crisis sanitaria ha ocasionado a los ciudadanos y al tejido empresarial. Por este motivo, las empresas buscan alternativas para solventar sus problemas financieros. Es por ello que cada vez más personas se acogen a mecanismos como la Ley de Segunda Oportunidad.

Este procedimiento legal está destinado a aquellos ciudadanos y autónomos que estén pasando por un mal momento a nivel económico por diversos motivos (enfermedad, una previsión mal hecha o como está siendo el caso actual, por una pandemia). Tiene el objetivo de ayudarles a solventar estas dificultades mediante diversos procedimientos (negociación de las deudas con los acreedores o exoneración de los pagos son algunas de las principales opciones que ofrece esta ley).

Como su propio nombre indica, esta regulación busca dar una segunda oportunidad y rehacer su vida a nivel económico. Además, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se señala que "los mecanismos de segunda oportunidad son desincentivadores de la economía sumergida y favorecedores de una cultura empresarial que siempre redundará en beneficio del empleo". Este instrumento jurídico está regulado por la Ley 25/2015, de 28 de julio, y desde el mes de junio de 2019, también permite incorporar las deudas públicas, por ejemplo, aquellas contraídas con Hacienda o la Seguridad Social, que hasta entonces no estaba reconocidos. 

Pese a que en otros países del Viejo Continente esta ley se viene aplicando con éxito, su nivel de conocimiento en España es ínfimo. Aquí se hacen al año menos del 10% de los casos que se llevan a cabo de media en el resto de países europeos, según indican desde la consultora legal Fidelitis. Es más, el presidente de este grupo, Lorenzo Pérez, en una entrevista con DIRIGENTES ha expresado que "España está a la cola de toda Europa, por no decir de todo el primer mundo", a lo que añade que "en Europa se acoge un porcentaje que, como mínimo, es el doble que en España". Pone de ejemplo países como Alemania, Francia o Bélgica, donde existen leyes análogas y en los que el porcentaje de personas que apelan a ella es altísimo. 

Lorenzo Pérez, presidente de Grupo Fidelitis

En este sentido, Pérez indica que las principales razones de su baja utilización en España son dos. La primera de ellas es el desconocimiento generalizado que hay, es decir, es una ley relativamente nueva. Y la segunda es que conlleva un proceso lento y costoso. No obstante, "con el texto refundido de septiembre de 2020, permite acortar los plazos de esta ley, por lo que a partir de ese mes se da opción de no tener que ir siquiera a la mediación previa, ahorrando tiempo, que en muchos casos puede llegar a un año", aclara.

Para acogerse a esta ley hay diferentes requisitos. Uno de ellos es acreditar que no se puede afrontar esa deuda, "demostrando que se ha pagado todo lo posible y que el solicitante no posee ni capital ni activos para hacerle frente", explica. En caso de tenerlos, se tendrán que liquidar para cubrir parte de la deuda. Por otro lado, hay que reflejar que "ha existido buena fe" por parte del deudor. Es decir, añade que esto es así "si ha negociado o ha intentado negociar con los acreedores antes de iniciar el concurso; no ha provocado de forma voluntaria su situación de insolvencia; no se ha acogido a esta ley en los diez años previos; o no se ha rechazado un trabajo adecuado a su capacidad”.

La pandemia ha hecho que más personas recurran a esta ley al haberse visto sobrepasadas por su situación financiera, algo que Pérez considera que irá en aumento. "El estallido final de todo esto se producirá cuando el Gobierno retire los ERTE porque habrá un auténtico cataclismo con los autónomos y se va a generar una cantidad ingente de casuísticas muy ad hoc para esta ley".