El pasado 17 de diciembre el Parlamento Europeo implementó la Directiva (UE) 2019/1937 para que, trabajadores interesados en denunciar infracciones producidas por la organización a la que pertenecen, puedan hacerlo a través de este canal de denuncias el cual, de momento, solo se verán obligados a cumplir las grandes empresas. Empleados y ex trabajadores en el sector privados, y funcionarios y ex funcionarios en el público, tendrán la oportunidad de delatar infracciones y evitar otras futuras.

La Directiva Whistleblowing pretende de este modo que, aquellas compañías que incumpla su normativa actuando de forma inadecuada, puedan servir primero como herramienta interna para que no llegue a mayores la infracción, y segundo como sistema de amparo a sus trabajadores de quiénes además, se deberá proteger su anonimato y confidencialidad.

Aun así, las denuncias interpuestas en la Directiva serán siempre comprobadas a través de un acuse de recibo y bajo ningún concepto podrán ser abusivas o malintencionadas. Estas se podrán cumplimentar a través de soportes escritos, telefónicos o electrónicos, aconsejándose que se utilice un único canal como vía de comunicación para la queja.

Europa, en su cruzada por terminar con la mala praxis inducida durante muchos años por negligencias y corrupciones en el seno de grandes compañías, pretende con esta medida cimentar las bases para un tejido empresarial cada vez más regulado. Su implantación no solo beneficiará al ámbito económico de una sociedad, sino que disminuirá conductas irregulares e impulsará la ética empresarial, además de la social y reputacional.

Raquel Navares, directora de la consultoría PONS Compliance, aporta que es una herramienta de lo más útil e interesante para las instituciones públicas. “El Canal Denuncias puede servir como cortafuegos ante posibles irregularidades que puedan estar ocurriendo en el sistema público. Es una buena oportunidad para que las administraciones demuestren el empeño de poner fin a esa mala fama labrada durante años por casos de negligencias y corrupción en su seno.”

El nuevo sistema de denuncias incidirá en aquellas empresas, públicas y privadas, que cuenten con más de cincuenta empleados. Estas cuentan con un margen de hasta el 17 de diciembre del año 2023 para instaurarlo en su compañía siempre y cuando sus trabajadores no superen la cifra de 249 personas.

Sin embargo, y aun que esta nueva normativa aplica en toda la Unión Europea, no se trata de una normativa española, por lo que su plena transposición en nuestro país aun se encuentra en situación de “desventaja” por no haberse adaptado al completo y de manera exitosa en toda su extensión, como si ocurre en otros países como Dinamarca. Situación agravada por la crisis sanitaria, económica y social provocada por la Covid-19 que ha retrasado su surgimiento desde que la regulación fuera aprobada en 2019.

Es importante que la empresa comunique a sus trabajadores el nacimiento del Canal Denuncias, cuáles son sus implicaciones y cómo repercutirá en el clima laboral de la organización.  De tal modo, cada denuncia deberá contar con una persona o departamento que se encargue de su seguimiento, registro y almacenamiento tal y como establece la nueva ley.

Aunque la directiva se encuentre aun en edad joven, su fin es combatir la corrupción en las empresas y garantizar su transparencia.  Su implementación supone un gran cambio para las organizaciones europeas y se pretende que, con el tiempo y una correcta gestión, su repercusión sea enormemente positiva también para el ámbito de recursos humanos.

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