A todos nos suena el denominado Pacto de Estabilidad, sobre todo porque durante algunos años se convirtió en España en un verdadero quebradero de cabeza para lidiar con el desequilibrio del déficit, mirando a Bruselas. Ya saben que se trata de ese compromiso que, en principio, parecía que solo incumplíamos los países del sur y que establecían, ya en el Tratado de Maastricht, los límites de déficit y endeudamiento de los estados que no podían superarse, para tratar de mantener a raya los desequilibrios económicos más importantes.

Se trata de reglas de gobernanza económica comunitaria que después incluso traspasaron los grandes, Alemania y Francia, y que se suspendieron a raíz de la pandemia. Ahora mismo, desde el pasado mes de mayo, se mantiene la prórroga de esa suspensión hasta 2024, tal y como acordó el ejecutivo que preside Ursula Von der Leyen.

Nuevas reglas fiscales para nuevos tiempos

Siempre se trató prácticamente de lo mismo: los países del sur superábamos las cotas establecidas en las reglas fiscales y países como Alemania, Austria y Holanda querían endurecerlas…hasta que las incumplieron ellos. Todo ello con la amenaza de multas y suspensión de fondos europeos que nunca se implementaron, con ningún país, a pesar de los continuos traspasos de los techos establecidos.

Por ello, la idea es que, cuando superemos la crisis, se establezcan unas nuevas reglas fiscales para todos, pero con cambios significativos sobre los vigentes, para evitar desequilibrios macroeconómicos que finalmente puedan garantizar, para cada estado, unas finanzas públicas sólidas bajo la supervisión de Bruselas.

Todo lleva su tiempo y lo cierto es que la revisión comenzó inmediatamente antes de la pandemia, en febrero de 2020, unas reglas en las que todos estén de acuerdo y sean, además, más operativas que las actuales. Sin embargo, la llegada inmediata del Covid lo cambió todo, y se suspendió, tanto la revisión como su cumplimiento con las normas actuales. De nuevo se relanzó su estudio en octubre del pasado ejercicio. Ahora, además, habrá más tiempo para llegar a un acuerdo con los estados, ya que, hasta 2024, no volverán a estar en vigor las reglas fiscales.

Los cambios que propone la Comisión Europea

La primera propuesta en firme de la Comisión Europea para las nuevas reglas fiscales mantiene sin cambios los parámetros establecidos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Es decir, el déficit se debe mantener a raya por debajo del 3% del PIB para cada estado miembro, mientras que la deuda pública no debe superar el 60% de la riqueza de cada país. Parámetros inalcanzables prácticamente por todos en estos momentos.

Pero el resto variará sustancialmente, según la propuesta. Y lo primero es evitar la idea de amagar con multas...y no cumplirlas. Todavía no se han establecido, pero la idea inicial es que estas sean prácticamente inmediatas a la llegada del incumplimiento, pero de menor cuantía que hasta ahora, ya que podía llegar a medio punto de PIB de cada estado.

También que el camino de ajustarse a estas reglas sea individualizado y teniendo siempre en cuenta su situación, que siempre estará bajo el paraguas del Ecofin, los ministros de Economía y Finanzas, y que, a posteriori, se negociará individualmente con el ejecutivo comunitario.

En el caso, por ejemplo, de España, con fuerte nivel de endeudamiento sobre PIB, se establecerían planes de cuatro años, que podrían ampliarse hasta siete ejercicios en los que se establecería un tope máximo para el apalancamiento público, que garantice el cumplimiento de las reglas a la postre. Pero siempre y cuando se implementen reformas e inversiones para paliarlo con una senda paulatina de descenso del nivel de deuda.

La idea final no es demonizar a los países que incumplan, sino lograr que lo hagan y se atengan a las reglas, para no discriminar al resto. Y es que hablamos de distancias tremendas entre los niveles de deuda de Grecia del 182% al 16% del PIB en el caso de Estonia.

Esta primera propuesta debe ser ahora analizada por los países, que tendrán la última palabra en su aprobación, algo que Bruselas quiere lograr en unanimidad para evitar futuros problemas con los estados incumplidores. De ahí que dejen margen hasta marzo para hacer propuestas con idea de que, a final de 2023, cuando se restituyan las reglas, acaben con este periodo de tres años, entre crisis y pandemia, de gasto público por doquier. La primera gran prueba llegará en marzo, en la cumbre comunitaria, donde se definirán las posturas de cada país.