No es la primera vez que se escucha hablar de una renta mínima vital. El ministro de Seguridad Social e Inclusión, José Luis Escrivá, presidía la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) cuando esta realizó un análisis acerca de una renta mínima. Dicho estudio es el que Escrivá está usando como base para introducir una nueva prestación y que, según se especifica en el análisis de la Airef, tendría un coste de 5.500 millones de euros, si bien tendría como beneficiarios a 1,8 millones de personas, frente al millón del plan actual.

Desde el Gobierno se ha incidido en que la ayuda se prestaría por familia y no por individuos, por lo que se establecen ayudas de 430 euros por familia, que aumentan en 100 euros por hijo hasta un máximo de 730 euros. En particular, se dirigen a los colectivos más vulnerables, aquellos con paro de larga duración o en riesgo de pobreza. Lo que se estipula además es que la renta mínima es compatible con otras prestaciones o con el trabajo temporal, de modo que funcionaría como un complemento salarial.

Frente a esta propuesta que, previsiblemente se activará en mayo, los expertos reconocen que se trata de una medida necesaria en esta situación. El ex decano de Esade y profesor emérito de Economía, Robert Tornabell, explica a DIRIGENTES que “es una política keynesiana, necesaria en estos momentos”. “Estamos casi casi en una economía de posguerra”, dice Tornabell, quien cree que este tipo de ayudas pueden servir para incentivar el consumo y adelantar la salida de la crisis: “Si hay consumo y gasto, habrá producción”.

Desde su punto de vista, “la situación social es preocupante”, con un aumento del paro tanto por consecuencia de los ERTEs como por la pérdida de empleos temporales. En esencia, cree que la prioridad del Gobierno debe ser “reconstruir España”, lo que hará necesaria una reforma fiscal tras la crisis. “Habría que rebajar el IVA y aumentar el IRPF de la gente que tiene dinero. Quien tiene, tiene que dar”, añade Tornabell.

No obstante, critica que la cuantía de la prestación es baja en comparación con las que han ensayado otros países. En ese sentido, nombra el caso de Japón, que ha aprobado una renta mínima por persona de 850 euros, o el de Finlandia, que en un experimento realizado durante dos años alcanzaba los 900 euros. “Japón no tiene un gobierno al estilo de Venezuela, lo ha hecho porque ha sufrido las consecuencias de esta crisis y no hay más remedio que incentivar el consumo”, defiende el experto.

Por su parte, el investigador asociado de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Jorge Onrubia, precisa que hay unanimidad entre los expertos en que el sector público debe cumplir un papel relevante. No obstante, añade que debe prestarse atención a las empresas, que “nos van a hacer mucha falta en la segunda etapa de reactivación económica”.

Las medidas de estímulo no solo se han puesto en marcha en España, comenta Onrubia, sino que otros países también están intentando proporcionar liquidez a empresas y familias. En todo caso, la renta mínima vital constituye una de las redes de último recurso ante una situación extraordinaria. Desde su punto de vista, la dificultad es identificar los hogares que realmente necesitan esta ayuda. Lo que sí rechaza es que se establezca esta ayuda de manera permanente, como ha avanzado el Gobierno.

“Otra cosa es que se puedan prorrogar”, afirma el investigador de Fedea. Además, cree que incorporar esta medida de manera indefinida “puede ser un despilfarro” y, a diferencia de los cálculos de la Airef, eleva hasta una horquilla de entre 5.000 y 9.000 millones el coste de introducir la renta mínima. Así, Onrubia considera que esta medida es “una referencia bastante utópica”, en el sentido de que no se ha llegado a aplicar de una manera clara, más allá de algunos experimentos.

Su preferencia es la de programas “focalizados y sobre ciertos colectivos determinados”. Lo contrario, dice Onrubia, puede llegar a desincentivar la incorporación al mercado laboral y trasladar las rentas hacia la economía sumergida. Tornabell no lo tiene tan claro, porque asegura que en Finlandia no ocurrió dicho traslado, “y en Japón no va a ocurrir”, aunque cree que en España “podría haber algún peligro”, si bien es optimista y cree que el virus va a cambiar la actitud de la población.

Aumento de la deuda

Para Tornabell, la necesidad de incrementar el gasto social puede llevar a España a alcanzar un nivel de deuda con respecto al PIB del 125%, para lo que la Unión Europea suponga un punto de apoyo. Onrubia considera que medidas como esta no son una “buena tarjeta de presentación” frente a los socios comunitarios, por lo que duda de que pueda acabar emitiéndose deuda a nivel europeo.

No obstante, el Banco Central Europeo tomará un papel importante, dado que se tendrá que encargar de comprar parte de la deuda que emitan los países. “Es absurdo pensar que estos volúmenes de deuda van a poderse absorber desde el mercado de ahorro”, razona Onrubia. En ese sentido, las distintas líneas de apoyo que ha anunciado la Comisión Europea tendrán que estar sujetas a una condicionalidad, aunque no sea tan estrictas como las de la crisis de 2008, dice el experto de Fedea.