Desde el año 2007 Rumanía es miembro de la Unión Europea, compuesta, en total, por 28 países. De todos ellos, 19 tienen como moneda oficial el euro. A día de hoy este país con capital en Bucarest aún no ha adoptado esta divisa y continúa conservando su propia moneda, el leu (Ron). En este sentido, otros estados que todavía no han entrado en la zona euro son Bulgaria, Croacia, Chequia, Hungría, Polonia y Suecia. Los dos restantes, Dinamarca y Reino Unido, manifestaron su decisión de no hacerlo.

En el caso de Rumanía, estaba previsto que se produjese la adhesión del país al sistema del euro en 2019. Una fecha que se ha visto retrasada ante la dificultad por cumplir con los llamados "criterios de convergencia" planteados por la Comisión Europea. Dichos principios están formados por un conjunto de indicadores macroeconómicos que miden la estabilidad de los precios, la solidez de las finanzas públicas, la estabilidad del tipo de cambio durante, al menos, dos años sin grandes variaciones así como las tasas de interés a largo plazo que permitan evaluar la sostenibilidad de la convergencia conseguida cumpliendo con los criterios anteriores.

El gobernador del Banco Nacional de Rumanía, Mugur Isarescu, anunció que podría entrar en el sistema de tipo de cambio y debe permanecer al menos dos años antes de su adopción definitiva.

Isarescu destacó que esta fecha es un "horizonte razonable". Anteriormente, el Ministro de Finanzas, Eugen Teodorovici, había fijado 2024 como la fecha de incorporación a la moneda única, lo que implicaba la entrada en el sistema de tipo de cambio a más tardar en 2022.

El gobernador destacó que Rumanía necesita estar preparada para entrar en la zona euro. "La eurozona no es una unión de convergencia. Rumanía también entró en la UE y tuvo el mayor nivel de convergencia. No es un sprint, es una carrera de resistencia", agregó Isarescu.

En el mes de marzo, el líder del Partido Social Demócrata de Rumanía (PSD), Liviu Dragnea, aprobó en un congreso extraordinario apoyar esta fecha para la posible adhesión del país al euro. "Debemos mirar con valentía y comprender que este es un paso obligatorio y la única opción de Rumanía de sentarse a la mesa de los ricos de Europa. Es un proyecto de solidaridad nacional", manifestó Dragnea. Tras ello, se formó la Comisión Nacional para fundamentar el Plan Nacional de adopción del euro.

El proyecto de adopción incluye el plan de acción con la propuesta de calendario y el estudio basado en el cual se decidió que, a partir de 2024, Rumanía podrá utilizar el euro si alcanzaba un PIB per cápita superior al 70% del de la zona euro. El estudio predice que este grado de convergencia se puede lograr si Rumanía mantiene hasta entonces una tasa de crecimiento anual de alrededor del 4%, lo que se considera sostenible, y la economía de la zona euro no crece más del 2% anual.

El proyecto de adopción del euro demuestra que este grado de convergencia es sostenible porque Rumanía tiene extensas áreas agrarias y la agricultura local tiende a estar cada vez más automatizada. Además, ciudades como Bacau, Craiova, Galati e Iasi han comenzado a desarrollarse fuertemente, tendiendo a acercarse al nivel de las de Occidente y el centro del país: Timisoara, Cluj-Napoca y Brasov. Al determinar esta fecha, también se tuvo en cuenta que el período óptimo para que un país esté en la fase de transición al euro, es decir, para aplicar el Mecanismo de Tipo de Cambio, es de dos a tres años.

Rumanía tuvo un PIB per cápita el año pasado a un nivel del 60% del promedio de la zona euro, y fue del 30% en el año 2000, por lo que tuvo la tasa más alta de convergencia entre los países de la Unión Europea.

En contraste, a diferencia del resto de los países de Europa Central y del Este, Rumanía tiene problemas debido al alto déficit comercial. Además, parte de este déficit se debe a las altas importaciones de alimentos de Hungría y Polonia. Otro problema de Rumanía es el déficit presupuestario, que en los últimos dos o tres años ha sido difícilmente mantenido por debajo del límite establecido por el Tratado de Maastricht, por debajo del 3% del PIB, a pesar del fuerte crecimiento económico.