Los inversores en empresas cotizadas españolas deberán estar muy atentos a la nueva legislación que prepara el Ejecutivo y que pretende “que los accionistas participen más a largo plazo en las sociedades cotizadas en las que invierten”.

Creado principalmente para dar cumplimiento a una Directiva Europea de hace dos años, el anteproyecto de ley, que todavía está en fase de audiencia pública hasta el 14 de junio, contiene una batería de medidas que afectan a empresas e inversores y modifican parcialmente la Ley de Sociedades de Capital y la de Instituciones de Inversión Colectiva.

Entre las nuevas medidas, algunas de ellas al margen de la propia Directiva, destaca la posibilidad de que las cotizadas incluyan en sus estatutos la opción de asignar derechos de voto adicionales para los accionistas que mantengan su inversión durante un plazo de al menos dos años, introduciendo la figura de las “acciones de lealtad” ya extendida en otros países europeos.

Esta figura se introduciría a voluntad de cada empresa cotizada, aunque siempre con unos requisitos de quorum y mayoría de votos exigentes para “proteger al accionista minoritario”. La suspensión de esta figura en los estatutos de una sociedad, sin embargo, requeriría menos exigencias de asistencia y voto.

Otra medida que supone un cambio sustancial respecto a la ley actual es la eliminación de la obligación de las empresas cotizadas a suministrar información financiera trimestral en el segundo y tercer trimestre del año.

“Las empresas que lo deseen seguirán presentando información trimestral, pero aquellas a las que les suponga una carga excesiva o que perciban que les implica sufrir presiones cortoplacistas podrán no hacerlo”, sostiene el texto del anteproyecto en el sitio web del Ministerio de Economía.

Consultada por DIRIGENTES, la CNMV remitió a recientes declaraciones del presidente del regulador español del mercado de valores, Sebastián Abella, quien había dicho que España era uno de los pocos países europeos que seguía manteniendo esta obligación.

Por otra parte, la ley obligará a las gestoras de instituciones de inversión colectiva y entidades de capital riesgo a explicar cómo integran la implicación de los accionistas en sus políticas de inversión y cómo ejercen los derechos de votos en las juntas de las sociedades en las que invierten y, en su caso, el recurso a los asistentes de asesores de voto o proxy advisors.

Respecto a estos asesores de voto, el anteproyecto abre la puerta a su regulación en España a través de la Ley del Mercado de Valores.

Finalmente, la ley prevé establecer que los consejeros de empresas cotizadas sean siempre personas físicas.