El aumento de la recaudación fiscal debido, entre otros factores, al incremento desmedido de la inflación está en el debate económico sobre si, con la situación actual, lo necesario son implementar medidas con ayudas públicas como las acometidas para el precio de los carburantes o bien lo necesario sería devolver a las familias y a las empresas parte de lo que se ha recaudado en demasía para aliviar la crisis.  

Bajar o no bajar impuestos. Ese es el dilema

El gobierno señala que bajar impuestos con los precios de consumo por las nubes no es una buena medida. La ministra de Hacienda, MªJesús Montero, considera que deflactar la tarifa del IRPF, que significa adecuar el impuesto de la renta a la inflación, beneficiaría no solo a aquellos con rentas medias o, sino también a los que ganan más de 100.000 euros, porque el dinero deflactado sería para todos los contribuyentes.

También el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, coincide con la ministra y entiende que reducir impuestos con la inflación a estos niveles va contra la intuición económica y que las medidas de subvención auspiciadas por el Gobierno son las adecuadas.

Pero lo cierto es que, en el caso de la luz, la rebaja de mayor cuantía viene dada por el recorte de los impuestos, mientras que subvencionar los carburantes, no solo no disuade de su consumo, para combatir la inflación, sino que, al ser más barato, lo fomenta.

Mientras, desde el PP, su nuevo secretario general, Alberto Núñez Feijóo, presentaba a la Moncloa sus nuevas medidas que pasan por utilizar el margen que oscila entre los 7.500 y los 10.000 millones de euros de sobre recaudación para establecer un paquete fiscal que devuelva a las familias y empresas ese montante de enero y febrero. La idea es que el dinero se quede en el bolsillo de los contribuyentes para afrontar el periodo de precios más elevados del año, como los que ahora vivimos.

El reparto vendría de la mano de una reducción extraordinaria y temporal del IRPF para rentas medias y bajas, para la actividad de los autónomos y el recorte de impuestos indirectos para hogares y empresas. También con el planteamiento de impuestos negativos y ayudas directas a los colectivos más vulnerables y el apoyo a la actividad de las compañías de los sectores más afectados.

Detractores y defensores de la menor presión fiscal

Entre los que abogan por no tocar los impuestos se encuentra el Fondo Monetario Internacional, que tras actualizar a la baja las previsiones mundiales, incluso apuesta por subirlos, a las empresas, con mayor imposición de Sociedades, mayor presión fiscal a la riqueza e impuestos sobre las emisiones de dióxido carbono. El objetivo es que las bases fiscales de cada país se mantengan para costear el gasto social y la inversión pública.

Mientras, desde la AIReF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, consideran que hay margen para que el gobierno baje impuestos, ante la buena parcha de la recaudación y la caída del ratio de deuda, que deja cierto margen, aunque de forma conjunta con una estrategia de consolidación de las finanzas públicas a medio plazo, para evitar desequilibrios futuros.

Desde el Banco de España consideran que cualquier medida relacionada con recortes fiscales tiene que ser temporal, para poder controlar el déficit público estructural, en especial por la creciente inflación.

En la CEOE y Cepyme son partidarios de una bajada de impuestos, pero también de otras medidas como el recorte del gasto de las administraciones públicas en hasta 60.000 millones, con la mirada puesta en el fraude fiscal que dobla el porcentaje de nuestros socios comunitarios. Su propuesta pasa por reducir los tipos impositivos y elevar las bases imponibles.