La culpa fue del 'chachachá o de la inflación. Es el principal argumento utilizado por el equipo de Luis de Guindos para reducir al mínimo la cuantía de la sanción por no haber tomado "medidas efectivas" para corregir los desequilibrios presupuestarios de 2015. Ha comenzado la batalla política en Bruselas para que el correctivo de la Comisión Europea sea más o menos ejemplarizante. La Comisión Europea dispone de 17 días para determinar la cuantía de la multa y elevarla a la última reunión del Ecofin del 27 de julio, teniendo en cuenta las alegaciones de España. El ministro de Economía en funciones confía que quede en cero, tal como insinuó el comisario Pierre Moscovici, cuando se oficializó la apertura del procedimiento sancionador. España contaba con diez días para presentar su recurso. El Gobierno no ha dejado pasar ni dos días para enviar un documento de 26 páginas en el que desgrana por qué España no debe ser sancionada. El equipo de De Guindos hace un repaso exhaustivo de las medidas adoptadas desde 2012 para lograr que el déficit haya caído del 9,2% del PIB hasta el 5,1%. Pero el gran argumento que utiliza es que la Comisión no ha tenido en cuenta el impacto de la inflación negativa en la economía a la hora de evaluar los objetivos de déficit. El IPC registró tasas negativas durante buena parte de 2015 que tuvo consecuencias en la recaudación del Estado de al menos un 0,7% del PIB, explica el documento. El documento indica que la inflación negativa tiene varios efectos perniciosos para la economía española, "diluye una parte significativa de los efectos positivos sobre los ingresos fiscales a menudo asociado a la recuperación de la actividad económica y el empleo, por otro lado, una menor inflación no implica necesariamente un valor nominal menor en el gasto, ya que la mayoría no están indexados con la inflación como resultado de las reformas estructurales implementadas en los últimos años". Asimismo, subraya que el efecto denominador que tiene la inflación en el cálculo del déficit, "como resultado, el equilibrio presupuestario, tanto en los niveles y en porcentaje del PIB, se agrava en un contexto de baja inflación, especialmente si la inflación es negativa". El Gobierno recuerda que si la inflación se hubiera comportando según los objetivos del BCE de situarse en el 2%, España hubiera cumplido con las exigencia de déficit. Además señala que para países como Francia e Italia se le han aplicado con mayor flexibilidad el impacto de la inflación en sus objetivos de déficit. Gastos extraordinarios de 2015 El Gobierno de Rajoy también alega que las cuentas sufrieron varios gastos extraordinarios que no se tuvieron en cuenta en los presupuestos y que no pudieron ser previstos. Por un lado las Comunidades superaron el límite de gastos en más de 2.000 millones; por otro, se tuvieron que asumir 1.100 millones para financiar los tratamientos de hepatitis C y la devolución de la paga extra de los funcionarios elevó el déficit en otros 2.100 millones. Entre las razones esgrimidas por la Comisión Europea para considerar que Rajoy no hizo todo lo necesario para cumplir con el déficit se encontraba la devolución de la paga extra, además de la rebaja fiscal y el descontrol en el gasto de las Comunidades Autonómicas. El ministro asegura en el documento que "España reitera su compromiso firme e inequívoco de poner fin a la situación de déficit excesivo, situando su déficit público por debajo del 3% del PIB en el año 2017". El documento explica que "como muestra del firme compromiso con las obligaciones establecidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, España está dispuesta a adoptar compromisos adicionales". Entre las iniciativas que ofrece el ministerio se encuentra el adelanto de los pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades para 2017 con lo que se elevará la recaudación en 6.000 millones. Además de indicar que la caída de los tipos de interés aportará otros 1.500 millones y la mejora de los ingresos por lucha contra el fraude de 1.000 millones. Justo 8.000 millones que coinciden con la cuantía que exige Bruselas para los próximos presupuestos. La única novedad que incluye la propuesta de lo anunciado por De Guindos es adelantar a julio el cierre presupuestario del año para controlar el gasto público. Algo que debería asumirlo el nuevo Gobierno, al igual que la medida del Impuesto de Sociedades. El texto no indica ninguna novedad sobre lo explicado por De Guindos en rueda de prensa, pero el secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, precisó que la medida sólo estará en vigor un año natural.