A medida que el coronavirus prosigue su curso por todo el mundo se comienzan a detectar los primeros síntomas económicos derivados de esta crisis sanitaria. Aunque todavía no se sabe si la recuperación será en V, W o tendrá forma del logo de la marca deportiva Nike, las pequeñas y medianas compañías tiemblan ante las secuelas que el coronavirus dejará tras su paso.
La negatividad se ha instalado en el seno de estas empresas que no logran ver la luz al final del túnel. Según el segundo barómetro de opinión de las pymes elaborado por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), el 85,6% de los encuestados ve en peligro su actividad. Además, casi la práctica totalidad (96%) asegura que su negocio se ha visto afectado por esta situación.
El cuestionario fue realizado entre el 3 y el 18 de abril a más de 2.000 compañías. De él se desprende que un 3,5% de los participantes han declarado el cierre y un 2% el concurso por insolvencia. A estos hay que añadir los que han bajado la persiana de manera temporal (22%) y los que han reducido su operativa (29%). La nota positiva es que un amplio espectro ha optado por tomar medidas para adaptarse a este nuevo escenario, con el teletrabajo como opción por excelencia (46%). También hay un gran porcentaje que ha reforzado la protección de sus trabajadores (29%) y ha reducido o modificado la distribución de las jornadas (27%).
El decreto del estado de alarma a mediados de marzo ha ido acompañado de medidas económicas nada bien recibidas por los empresarios españoles. De hecho, un 87% de las pymes no valora las decisiones tomadas desde el Ejecutivo o lo hace negativamente. En este contexto, desde Cepyme reclaman nuevas iniciativas que complementen a las ya existentes con el objetivo de “paliar los efectos negativos de la crisis y ayudar a su supervivencia”. Tres cuartas partes de los entrevistados han registrado una caída de la facturación superior al 50%, reducción derivada no solamente del cierre obligatorio, sino que también obedece a efectos colaterales como la falta de demanda o la imposibilidad de llevar a cabo la actividad.
Así, uno de los mayores reclamos entre este colectivo es la suspensión de las obligaciones fiscales y de las cotizaciones con el objetivo de poder obtener liquidez; facilidades al arrendamiento; la creación de un plan de pago a proveedores o la flexibilización de los ERTEs. “Estas medidas ayudarían a las pymes a aguantar más tiempo durante este parón de actividad, ya que las actuaciones que están tomando las empresas resultan preocupantes”, inciden desde la patronal.
De los mecanismos existentes con los que mitigar el impacto, los ERTEs, principalmente por fuerza mayor, han sido una de las alternativas más utilizadas hasta la fecha junto a la solicitud de financiación con un aval del Estado.
Las respuestas difieren bastante del primer sondeo, realizado a finales de marzo, cuando el ambiente empresarial aún mantenía el optimismo. En aquel momento, solamente un 15% de las pymes (alrededor de medio millón) reconocía que la COVID-19 arrasaría con su negocio, mientras que seis de cada diez confiaban en mantener el empleo durante los próximos seis meses. En esta segunda ronda, el número de empresas que prevé conservar la plantilla en los siguientes doce meses se ha situado en el 39%. Si bien desde Cepyme aseguran que estas cifras no son “totalmente comparables en periodos temporales”, ofrece una ligera idea de la pérdida de confianza que se ha instaurado entre los dirigentes españoles.
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